Ciudad de México.- La estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas anunciada hace unos días por el gobierno federal es un buen signo de que por fin se está escuchando a las víctimas, aseguró Abel Barrera.
La tragedia es mucho más grave que la cifra de 40,000 desaparecidos y 1,000 fosas clandestinas, plantea el fundador de Tlachinollan.
El director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representó legalmente a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, comentó que el hecho de que el gobierno reconozca que México es una enorme fosa clandestina refleja no sólo voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender el reclamo de las familias de las víctimas, también representa un cambio radical en la manera en que están abordando el problema, respecto a como lo hicieron las administraciones pasadas.
“Reconocer que hay una grave crisis de derechos humanos, reconocer que México es una gran fosa clandestina y el hecho de hablar ante la CIDH de que sí hay una responsabilidad del Estado ante esta situación crítica es una narrativa que se acerca al dolor de las víctimas, y eso es un cambio”, expresó.
En entrevista con El Economista, el también activista defensor de los derechos humanos indicó que en administraciones pasadas fue evidente que el Estado no sólo no cumplió con dar protección a las víctimas, sino que se solapó un maridaje entre grupos políticos y delincuentes.
Hubo un uso faccioso de las instituciones, un contubernio con intereses ajenos al mandato constitucional y las mismas instituciones que investigan delitos, las procurarías se hicieron cómplices de este tipo de actuaciones nefastas para encubrir agentes del Estado que cometían delitos graves y violaciones a derechos humanos.
En ese sentido, sostuvo que las autoridades fueron cómplices de esta gran tragedia, pero además ocultaron la realidad enmascarando cifras, pensando que así el costo político sería menor.
Los intereses macroeconómicos y delincuenciales cegaron a las autoridades, les salía más barato mantener en ese estado las cosas, tratando de simular una atención, tratando de implementar algunas acciones, pero eran meramente paliativas y realmente nunca se atacó el fondo.
Respecto a la cifra de que en México hay más de 40,000 desaparecidos, más de 1,200 fosas clandestinas y 26,000 cuerpos sin identificar, Barrera Hernández consideró que en realidad es mucho más grande.
“Esta cifra que dio el gobierno es apenas un asomo a una tragedia que es mucho más profunda, más dolorosa, más grande de lo que se cree, aún seguimos excavando. Todavía no alcanzamos a tener la dimensión real de lo que significa la desaparición de personas”.
Los estados, el punto débil
El director de Tlachinollan refirió que la estrategia anunciada por el presidente López Obrador refleja que hay voluntad política de escuchar y atender a las víctimas; sin embargo, dijo, el reto será que los estados también lo hagan.
Queremos que esto se pueda trasladar a los estados porque una cosa es lo que pueda suceder en el centro, en lo que pueda asumir desde la misma Presidencia la República, pero sabemos que hay inercias y que hay una serie de nudos en los estados y ahí nuestro temor es que esto no llegue igual a las regiones donde sabemos que también hay situaciones muy graves (…) El punto débil será qué tanto en los estados hay voluntad política, se puede traducir en acciones para que realmente las víctimas también tengan la misma experiencia de ser escuchadas.
Llamó la atención en la necesidad de que se fortalezcan las instituciones que intervendrán en la búsqueda de las personas desaparecidas, como la Fiscalía General de la República, y que quienes estén al frente de las comisiones locales de búsqueda, así como la nacional tengan el perfil idóneo.
Es necesario que exista este proceso de depuración, de profesionalización, de mayor conocimiento de la realidad, un proceso de ganarse la confianza con las víctimas y también de no defraudarlas, de que realmente van a tener muy en cuenta los protocolos para que no se le pongan trabas a las víctimas y que no se les siga revictimizando, sino que entiendan que hay un compromiso con ellas para que se pueda romper con esas inercias, y esos nudos que tanto han dañado al movimiento de víctimas.
El Economista
