San Luis Potosí, SLP.- En el Congreso del Estado se analizan 39 juicios políticos presentados en la pasada y actual legislatura; el proceso es tardado porque al interponer este recurso, se investiga en otras instancias y se llevan a cabo audiencias para presentar pruebas y alegatos, hasta que se determine si hay causal o no.
Los pasados diputados, dejaron pendientes 31 casos, cifra que incrementó a 39, con los ocho presentados en los primeros meses de la actual legislatura.
Lo anterior lo explicó, el Presidente de la Comisión de Gobernación del Legislativo Local, el diputado, Martín Juárez Córdoba, quien detalló que otro de los factores que contribuyen a darle mayor importancia al caso, es analizar quién está presentando dicha solicitud.
Los pasados diputados, dejaron pendientes 31 casos, cifra que incrementó a 39, con los ocho presentados en los primeros meses de la actual legislatura, informó.
«Hay que ir revisando cada uno de ellos, porque se van pidiendo informes porque hay un dicho y hay un derecho de audiencia, y en este derecho de audiencia se necesitan otra instancias, y otras dependencias y hay que ir acudiendo a las diferentes, ósea cada una lleva diferente ritmo».
Aunque no especificó una cifra, ni estadísticas, aseguró que hay juicios que si han procedido, y se ha juzgado al funcionario o funcionarios conforme la ley.
«Si ha habido algunos que han procedido pero eso ahorita no me atrevería decirles, pero también, muchos se han desechado porque las causales no encuadran en el marco de juicio político».
«Entonces nos inconformamos por alguna situación muy concreta que pasó en algún hecho, pero también en el alegato conforme a la situación, se confronta la situación y se determina si hay o no la causal».
La mayoría de los juicios políticos son interpuestos por asociaciones civiles y habitantes, en contra de administraciones municipales y algunos servidores públicos.
«Conforme va avanzando la investigación, hay que ir viéndolos, deshagondolos con el ánimo de atenderlos y dar una respuesta puntual a la ciudadanía».
Los últimos casos involucran a al ex alcalde de Villa de Reyes, Juan Gabriel Solís Avalos, y el actual presidente municipal de Tampamolón, Isidro Mejía Gómez.
El primer proceso fue solicitado por un grupo de ejidatarios, al afirmar que durante su administración, impuso reglamentos a favor de los desarrolladores, provocando el despojo de tierras y la aprobación de obras irregulares a las grandes empresas.
El segundo proceso, fue presentando por activistas apoyados por víctimas, quienes aseguran que el alcalde, ha cometido graves delitos como homicidios, feminicidios y secuestros. Por estos delitos también hay carpetas de investigación en La Fiscalía General del Estado.
