La obra de reconstrucción del Paso Exprés en la autopista México-Acapulco, contratada y supervisada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presenta trabajos de mala calidad, la estructura intermedia está desfasada respecto al eje del cabezal y las bermas (espacio entre las columnas y el terraplén) se están erosionado por el paso del agua que escurre en las laterales del puente, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Al dar a conocer la revisión a la edificación de la estructura intermedia (en el kilómetro 13+600 de la citada carretera (cuyo costo alcanzó l76 millones 507 mil pesos), el ente fiscalizador aduce que ante las evidencias de la mediocre supervisión y vigilancia de la SCT, esa dependencia argumentó por escrito que no existe ningún riesgo en la operación del puente; con referencia a las bermas, aclaró que no estaba contemplado el recubrimiento de los taludes de los costados y que las erosiones presentadas durante la temporada de lluvias son prácticamente nulas.
No obstante, la ASF presentó la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no se cercioraron de que los servicios pagados con cargo en el contrato se ejecutaran correctamente.
Entre los argumentos de la ASF se superpone el de la integridad y seguridad de los usuarios del denominado Paso Exprés, al día de hoy en franco deterioro. Cuatro de las 12 columnas de los ejes 2 y 3 de la estructura intermedia están desfasadas del eje del cabezal; las bermas que se encuentran bajo los claros 1-2 y 3-4 se están erosionando por el paso del agua que escurre de las laterales del puente; los acabados de los muros de concreto hidráulico no cumplen la norma y uno de los muros que soporta las bermas debajo del puente presenta socavación en la parte inferior. Deficiencias que denotan que dichos servicios de supervisión no se realizaron con la calidad adecuada.
La deficiente revisión de los trabajos –a cargo de la SCT– se constata en la promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria sugerida por la ASF.
La dependencia federal, que en la pasada administración federal estuvo a cargo del mexiquense Gerardo Ruiz Esparza, tampoco proporcionó el cálculo que acredite que el desfasamiento existente se encuentra dentro de los rangos permisibles de acuerdo con la norma, ni se demostró documentalmente que ninguno de los muros de concreto observados se hayan ejecutado con cargo en el contrato de obra pública a precios unitarios.
Tal opacidad, reiterada por la Auditoría, se funda en el riesgo que implica para los usuarios de la obra.