San Luis Potosí.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que en la construcción legal de la creación de la Guardia Nacional, se dieron signos de avance positivos a la propuesta original que se presentó por parte del Gobierno Federal pero no se dejó de reprochar la ampliación del catálogo sobre delitos de prisión preventiva oficiosa.
En lo que no está de acuerdo el Presidente de la CNDH es en el nuevo catálogo de delitos graves. “La respuesta no está en restringir libertades, las repuestas están en profesionalizar a los operadores”.
Para el Presidente Nacional de la CNDH Raúl González, reconoció que el dictamen aprobado en el Senado fue un “avance importante qué hay que resaltar”.
Reconoció a las autoridades de la sociedad civil así como organizaciones nacionales e internacionales que aportaron consideraciones, ideas y estándares para el respeto de los Derechos Humanos, “hubo receptividad en algunos de los puntos que expusimos”, en el parlamento abierto.
El Presidente de la CNDH participó en la firma de Convenio entre la CEDH-COPARMEX y Secretaría de Seguridad Pública con este Organismo Autónomo.
Después de la firma del Convenio se impartió el taller “Legalidad y Derechos Humanos a mandos de las policías municipales y estatales”.
Sin embargo, dijo que hay que estar alerta para conocer cómo se materializan las leyes una vez agitada el proceso constitucional.
No pasó por alto que en este dictamen, se haya motivado la unanimidad de las diferentes fuerzas políticas en el Senado de la República.
En lo que sí difirió, es en la nueva conformación del catálogo de los delitos para prisión preventiva oficiosa porque en la Constitución aparece la prisión preventiva justificada.
“Es que cada juez evalúe los casos y hoy cómo está la Constitución, permite que cualquier delito puede ser susceptible de prisión oficiosa si es que se motiva adecuadamente”.
Raúl González consideró que en el nuevo catálogo de delitos “ensanchan” pero dejan de lado la profesionalización y capacitación de los operadores”.
El riego, añade, es que “gente inocente va estar años en la cárcel y que al final tal vez le demos un disculpe”.
A lo anterior se suma que los presuntos responsables por no saber argumentar, puedan estar libres.
Lo que se necesita es preparación y profesionalización del nuevo sistema de justicia penal. Reclamó el reforzamiento de las unidades de medidas cautelares porque a nivel federal no está operando.
“La respuesta no está en restringir libertades, afectar el principio de inocencia, las repuestas están en profesionalizar a los operadores”.
La participación de las fuerzas armadas tiene un lugar reconocido y sería insensato retirarlos de las calles pero ya en la iniciativa se fijó un plazo de cinco años para que regresen a los cuarteles.
