San Luis Potosí, Slp.-
Los comuneros que se oponen al proyecto de urbanización en San Juan de Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, denunciaron la presencia de elementos de la Policía Estatal, para respaldar el atentado contra su asesor, Carlos Covarrubias Rendón.
Los afectados señalaron que el grupo de agresores, que con machetes pretendían asesinar a Covarrubias Rendón, estaban acompañados por agentes de la Policía Ministerial y Fuerza Metropolitana, que iban a bordo de la patrulla 2385.
Los afectados señalaron que el grupo de agresores, que con machetes pretendían asesinar a Covarrubias Rendón, estaban acompañados por agentes de la Policía Ministerial y Fuerza Metropolitana, que iban a bordo de la patrulla 2385.
En la conferencia que llevó a cabo el grupo de opositores al desarrollo que pretende ejecutar el empresario Carlos López Medina, estuvieron presentes los diputados, Pedro Carrizales Becerra “El Mijis” y Marite Hernández Correa, quienes se pronunciaron a favor del activista y exigieron una investigación del caso.
Durante la entrevista, los comuneros detallaron, que mientras se realizaba el primer recorrido a la Sierra de San Miguelito como parte de las acciones para evitar el despojo, 80 personas armadas con machetes, comandados por Alejandro Jasso Dávalos Alias “el Jando”, plenamente identificado por Covarrubias Rendón, se abalanzaron contra el activista.
La abogada del defensor del territorio, Fabiola Quintanilla, detalló que ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se abrió una carpeta de investigación con número CDI/FGE/ID01/95242/19, por los delitos de lesiones y homicidio en grado de tentativa.
Pidieron medidas de protección para los comuneros opositores y para su asesor pues el empresario Carlos López Medina, ya mostró “los alcances, de su poder desmedido y sus mafiosos planes que apoya el sistema”.
Carlos López Medina es propietario de la empresa “Reserva”, y entre sus proyectos está edificar un mega desarrollo inmobiliario en 2 mil 64 hectáreas ubicadas en la comunidad de San Juan de Guadalupe y Guadalupe y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito.
La Procuraduría Agraria no emitió la opinión, ni convalidó la aportación y la mayoría de los ejidatarios se negaron a entregar los predios, lo que “enterró” los planes de uno de los empresarios más poderosos del Estado.
“Estos actos de violencia son la única salida desesperada que toman los desarrolladores, al no poder vencer la ilegalidad y en apego el estado de derecho, prefieren confrontar hasta estos niveles la situación”.
Hicieron un llamado al Gobierno Estatal y Municipal a que conduzca con imparcialidad el proceso, y exigieron las medidas de protección para que no ocurra otro caso violento, como el ocurrido el pasado sábado 23 de febrero.
