San Luis Potosí, SLP.- Integrantes del Frente Amplio Opositor (FAO) «destaparon» el desvío de 25 millones de pesos, cometido presuntamente por la Directora del Instituto Registral y Catastral del Estado, Margarita Guerrero Ortíz, a través de la simulación de un proyecto federal.
Para este proyecto, fue contratado por la propia Directora del Instituto General Registral y Catastral, Margarita Guerrero Ortíz un funcionario de nombre, Roberto Herrera Reyes, para efecto de operar el planteamiento, él es hermano de Armando Herrera Reyes, quien ocupara en SEDATU el cargo de Director General Adjunto de Evaluación y Seguimiento.
Los recursos serían utilizados en el Programa de Modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, solicitado por el propio instituto donde se combinaron los recursos federales y estatales, y contar con información de varios municipios que se obtendría incluso vía área.
La investigación realizada por Mario Martínez Ramos, David Madrigal, Claudia Hernández, Garcia Tello, Carlos Covarrubias entre otros, dejan al descubierto el uso indebido y sin justificar del recurso, que en teoría se aplicaría para el Programa de Modernización por qué terminó usando información del INEGI y no realizaron un trabajo de campo como se exigía.
Mediante este proyecto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y los Gobiernos de los Estados implementarían una estrategia para modernizar el acceso y actualización de la información registral.
Los activistas presentaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), una denuncia por el uso indebido y sin justificar del Programa de Modernización del Instituto Catastral y Registral. Piden una auditoría del proyecto y la destitución de Margarita Guerrero Ortíz.
Con documentos obtenidos vía transparencia en diferentes dependencias y ayuntamientos, se constató la subcontratación de empresas licitantes y la simulación de 32 mil inspecciones y vuelos de identificación. Solo se escaneó y fotocopió información cartográfica del INEGI.
No obstante que la licitación y contrato establecía un trabajo metódico, terreno por terreno en la zona urbana de 11 municipios de San Luis Potosí: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Santa María del Río, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, y Zaragoza. Se simuló, además, la inspección en Real de Catorce, Charcas, Xilitla y Venado.
Entre los proyectos que impulsó el gobierno federal pasado, que encabezó el ex presidente Enrique Peña Nieto, fue la creación de una “Plataforma Nacional de Información Registral y Catastral para el Ordenamiento Territorial», la cual permitiría el acceso e intercambio de la información inmobiliaria de la propiedad pública, privada y social, de los tres órdenes de gobierno.
Uno de los principales objetivos de esta plataforma era disponer de un instrumento estratégico que conjuntara elementos jurídicos, operativos y tecnológicos para integrar e intercambiar la información registral y catastral, a través de una Infraestructura de Datos Espaciales.
Para ello se realizó un diagnóstico en cada entidad federativa, para evaluar el estado de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros, en términos de software informático y buscar concentrar la estructura, formato y completitud de bases de datos, bajo un sistema.
Como supuesta consecuencia de los programas de modernización de los sistemas catastrales y registrales en el país, se impulsó la emisión de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en San Luis Potosí.
Esto se tradujo en la implementación de programas de modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, solicitado por el Instituto Registral y Catastral de San Luís Potosí.
El 9 de febrero del 2016 se establecieron por SEDATU los lineamientos del programa de modernización.
El comité de evaluación mediante el acuerdo No. S01-16/CGMVRC/2PEI del 2 de Junio del 2016 autorizó el proyecto ejecutivo de modernización.
Con fecha 15 de Junio del año 2016 se firmó por parte de SEDATU y Gobierno del Estado el convenio 214/PEI/002/2016 respecto a la Coordinación para la modernización del instituto registral y catastral de San Luis Potosí, AC/49/1391/2016.
El financiamiento bipartita del programa se estableció en 25 millones 001 mil 248.98 pesos, de los cuales correspondió aportar a SEDATU 15 millones 006 mil 757.98 pesos y el Gobierno del Estado, a cargo de, Juan Manuel Carreras López 9 millones 994 mil 496.89 pesos.
El fallo de la licitación LA-924013994-E41-2016 (LPN017-16) fue a favor de la empresa “E-SISTEMAS DE COLABORACIÓN EN INTERNET S. C.» y el monto de la misma fue por la cantidad de 20 millones 373 mil 436 pesos; 4 millones pesos de la cifra otorgada por la Federación y el Estado. Las cantidades quedaron debidamente depositadas en las cuentas bancarias autorizadas.
Para este proyecto, fue contratado por la propia Directora del Instituto General Registral y Catastral, Margarita Guerrero Ortíz un funcionario de nombre, Roberto Herrera Reyes, para efecto de operar el planteamiento, él es hermano de Armando Herrera Reyes, quien ocupara en SEDATU el cargo de Director General Adjunto de Evaluación y Seguimiento.
Se presume que los vuelos establecidos en el Folio Partida 007-1 no se realizaron tal y como establece la base de licitación y por lo tanto el contrato que hubiera emergido de la misma.
De la misma forma el trabajo de campo establecido en el fallo de la licitación no se tiene certeza alguna se hubiese realizado en base a una metodología confiable. Existen informes de los ayuntamientos involucrados donde se deslindan de alguna intervención en dichos trabajos.
«Sería desafortunado el hecho de que se substituyeran los vuelos por información cartográfica de INEGI y que se suplantara el trabajo de campo con el escaneo de los archivos del Catastro del Estado y de los Ayuntamientos involucrados. No existe rastro alguno de que dichas actividades, vuelos y trabajo de campo se realizarán», detallaron, Luis Alberto Suárez Castillo, José Corpus Salazar y José Emilio Grimaldo Sánchez, integrantes del FAO.
Es necesario determinar el nivel de responsabilidad de Guerrero Ortíz, pues dicha persona alteró el curso del proyecto intentando justificar gastos con una actividad jamás realizada. Es decir, si se investiga los llamados trabajos de campo y los vuelos de identificación daremos cuenta que fue una simulación y que los recursos no están justificados con un trabajo fehaciente, detallaron.
Este asunto genera un conflicto con el mismo Gobierno el Estado, quien deberá definir hasta qué grado tiene conocimiento de las actividades de la Directora General del Instituto, remarcaron.
Con fecha 21 de Septiembre del año 2018 se reunieron representantes de SEDATU, Gobierno del Estado e Instituto Registral y Catastral, para efecto de llevar a cabo la Minuta de Cierre de Proyecto Ejecutivo.
En esa Minuta se vuelve a ratificar las partidas financieras:
El Gobierno Federal, a través de la SEDATU, aprobó recursos al Gobierno del Estado de San Luis Potosí, por la cantidad de 15 millones 6 mil 752 pesos y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí 2016 aportó al proyecto la cantidad de 9 millones 994 mil 496 pesos. Así el monto total del PEI 2016 San Luis Potosí ascendió a 25 millones 001 mil 248 pesos.
En ninguna parte se clarifica por qué la licitación fue por otra cantidad, es decir, 21 millones 363 mil 436 pesos.
En los anexos del acta de cierre se menciona otros concursos y licitaciones por los siguientes montos:
$ 17, 776,925.76 para PROCESOS REGISTRALES
$ 5, 961,820.00 para TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
$ 1, 042,840.00 para VINCULACIÓN RPP-CATASTRO/ PARTICIPACIÓN Y VINCULACIÓN CON OTROS SECTORES
Estos datos contradicen la licitación original, pero, generan certeza de que existió un desdoblamiento respecto a la ejecución de la licitación con empresas que no habían sido beneficiarias del contrato principal.
Aunado a ello, habitantes de Villa de Reyes presumen que sus terrenos ejidales fueron incorporados a la zona urbana del municipio, por ello la empresa Ciudad Maderas, se apropió de poco más de 600 hectáreas, en donde ya se iniciaron los trabajos de un mega proyecto inmobiliario.
Los activistas presentaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), una denuncia por el uso indebido y sin justificar del Programa de Modernización del Instituto Catastral y Registral. Piden una auditoría del proyecto y la destitución de Margarita Guerrero Ortíz.
