San Luis Potosí, SLP.- La subdirectora del Instituto Registral y Catastral Josefina Lara Saucedo, fue destituida de su cargo, por no ceder a la compra ‘ficticia’ de terrenos, que adquirió la directora del Instituto Margarita Guerrero Ortíz en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí.
Lo anterior, aparece en la demanda laboral que interpuso la ex funcionaria el 11 de diciembre del 2018, por el despido injustificado que ordenó Guerrero Ortiz y quien ha sido señalada de haber participado en un desvío de 25 millones de pesos a través de la simulación de un proyecto Registral y Catastral, donde se aplicaron recursos federales y estatales.
Lara Saucedo, presentó la demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y uno de los argumentos en sus defensa es que Guerrero Ortíz, la estaba obligando a formar parte de la compra de terrenos en San Juan de Guadalupe, comunidad con serios problemas de despojo y tenencia de la tierra.
Aunque no se habla sobre el número de hectáreas, la Directora del Instituto Registral y Catastral, presionó a Lara, para lograr regularizar unos terrenos que había comprado en la Comunidad de San Juan de Guadalupe, porque es comunera titular.
En la demanda laboral, de la cual Río19 cuenta con una copia, Lara Saucedo expone además que, el haber tenido conocimiento de la compra ilegal de terrenos que hizo la Directora, influyó en su despido.
Narra que el “con fecha 5 de julio del 2018 se encontraba incapacitada por cirugía la lic. Margarita Guerrero Ortíz. Por lo cual se me encomendó el despacho de los asuntos de la dirección del Registro Público de la Propiedad”.
“Es el caso que ese día se presentaron los CC. Beatriz Arango Flores representante legal de la Empresa que obtuvo la licitación del programa de modernización del sistema Registral y Catastral, del ejercicio fiscal 2016 para el hoy Instituto Registral y Catastral del Estado de San Luis Potosí, y que se desarrolló durante los años 2016 y 2017, también iba acompañada del Ing. Heriberto León Coronado, asesor de proyecto, y del Ing. Francisco Garrido quien al parecer es el dueño de la empresa que desarrolló dicho proyecto», detalla la demanda.
Agrega que ”ahí comentaron diversas problemáticas en cuanto al cierre del proyecto, estableciendo que por diversas circunstancias y diferencias con un tercero, respecto el desarrollo del programa no se podía entregar para su cierre lo que el contrato establecía. Es decir había problemas y querían llegar a un acuerdo con el instituto», continúa el documento.
Lara Saucedo, sigue narrando en su demanda laboral que “a principios de octubre del año 2018 cuando ella regresó a la actividad laboral -Margarita Guerrero Ortíz-, me empezó a cuestionar respecto a unos terrenos que había comprado a José Llanas en la Comunidad de San Juan de Guadalupe y sus Anexos Tierra Blanca y San Miguelito, en el municipio de San Luis Potosí, donde la suscrita es comunera titular y de qué manera podía regularizarlos”.
Da a conocer que la Directora le propuso poner a su nombre los terrenos y luego se simulara un traslado de dominio otra vez a su nombre.
“Le comenté que ese era un trámite o procedimiento en Asamblea y que se buscará un trámite conforme a la ley. Eso le molestó muchísimo y nuevamente me agredió verbalmente. Desde ahí, todos los días de trabajo donde me veía me exigía me fuera, que renunciara. Argumentando lo de la visita de la empresa que señale al inicio y lo de los terrenos».
Los integrantes del Frente Amplio Opositor, tuvieron acceso a esta información y sirvió para impulsar la investigación, en donde constataron la simulación del proyecto encaminado al Programa de Modernización de la Dirección del Registro Público de la Propiedad, el cual contó con una partida presupuestal de 25 millones de pesos, otorgados por la Federación y el Estado.
Mediante este proyecto la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y los Gobiernos de los Estados implementarían una estrategia para modernizar el acceso y actualización de la información registral.
Con documentos obtenidos vía transparencia en diferentes dependencias y ayuntamientos, se constató la subcontratación de empresas licitantes y la simulación de 32 mil inspecciones y vuelos de identificación. Solo se escaneó y fotocopió información cartográfica del INEGI.
No obstante que la licitación y contrato establecía un trabajo metódico, terreno por terreno en la zona urbana de 11 municipios de San Luis Potosí: Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Santa María del Río, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, y Zaragoza. Se simuló, además, la inspección en Real de Catorce, Charcas, Xilitla y Venado.
