San Luis Potosí, SLP.- El delito de feminicidio en San Luis Potosí creció de 34 casos en el 2017 a 50 eventos en el 2018, lo que muestra un fracaso del modelo de alerta de género, aplicado desde el 2017 como el primer estado en tenerlo en seis municipios.
Unas horas antes de confirmarse el descubrimiento del cuerpo de una estudiante que había desaparecido desde el diez de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos desmenuzó las cifras que mostraron el fracaso de este proceso.
Anunció entonces que solicitó la ampliación de esta alerta para tres municipios más en este 2019 pero hizo un llamado a la Fiscalía General reaccionar antes estos hechos.
Ahora estarán incluidos los municipios de Río Verde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta. Se suman a los que ya estaban aplicando esta alerta como Soledad de Graciano Sánchez, la capital de San Luis Potosí, Tamuín, Matehuala, Ciudad Valles y Tamazunchale.
En estos municipios, revela Jorge Andrés López Espinosa, Presidente de los Derechos Humanos en San Luis Potosí que, la mayor incidencia de violencia contra las mujeres la encabeza la capital del Estado con 11 muertes violentas; Seguido de Matehuala con 7; Soledad de Graciano Sánchez con 6 y aparece el municipio de Río Verde con muertes violentas Además de Tamasopo y Ciudad Fernández con una muerte violenta.
Uno de los aspectos más graves, es la metamorfosis en la que han entrado los responsables de feminicidios contra sus mujeres o parejas.
La información que da a conocer la Comisión de Derechos Humanos, muestra que en 16 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego; 10 casos fueron registrados con arma punzo cortante; 7 casos más con fuerza corporal; 4 casos por estrangulamiento o sofocación y en tres casos del 2018 aparecieron las víctimas desmembradas o descuartizadas.
“Denota que la violencia feminicida se está agravando en San Luis Potosí”.
Jorge Andrés López Espinosa, Presidente de la CEDH, añadió que frente a estos escenarios si bien sea deberán seguir atendiendo los casos ya registrado, es necesario entrar a una intensa campaña de prevención y esta debe ser tarea de los municipios y el propio Estado.
Admitió que les falta conocer los casos números que se presentaron oportunos en el 2015 ante la Fiscalía y el mismo Tribunal de Justicia para saber cuántos casos hay consignados, sentenciados o con órdenes de aprensión.
