San Luis Potosí, Slp.- La Suprema Corte de Justicia de la Nacional dio admitió 22 controversias constitucionales que fueron presentadas contra la acción del Gobierno Federal de eliminar el Fondo Minero a los Estado.
En el Estado, los municipios de Charcas, Villa de la Paz, Guadalcázar y Zaragoza de San Luis Potosí interpusieron cada uno recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Son 21 municipios que reclaman el regreso del Fondo Minero así como el Gobernador de Chihuahua.
Los municipios reclaman 117 millones de pesos de los mil 500 millones que el Gobierno Federal destinaba al Fondo Minero. De este fondo, 44 millones de pesos se otorgaban al Gobierno del Estado y 73 millones se distribuían entre los Ayuntamientos.
Cabe señalar que no todos los municipios mineros del Estado, interpusieron este recurso de controversia constitucional.
La mesa de ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales y negó la suspensión a dos municipios (uno de Chihuahua y otro de San Luis Potosí) que pidieron que se dejara de aplicar la norma.
Ahora las Cámaras de Diputados y Senadores, tendrán 30 días hábiles para contestar la demanda y envíen una copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada y al Poder Ejecutivo Federal para que, en el mismo plazo, exhiba un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en donde conste su publicación, y en caso de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa en términos del artículo 59, fracción I , del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Los municipios demandaron que se declare inconstitucional la fracción IX, del artículo 25 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en la que se modificó lo relativo al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera.
Las reformas al mencionado precepto establecen que la Secretaría de Economía debe realizar las gestiones necesarias con el fin de constituir una institución de banca de desarrollo, para administrar el Fondo Minero a más tardar en un plazo de 90 días naturales a partir del decreto publicado el 28 de diciembre de 2018.
El retiro del Fondo Minero, ahora sería utilizado por el Gobierno Federal, para financiar tandas de microcréditos a la palabra y será manejado desde la Secretaría de Economía.
Pero este Fondo, es esencialmente para reparar el daño que provocan los proyectos mineros y mejores condiciones de infraestructura para la vida para sus pobladores.
