Denver.- El servicio de inmigración bloqueó dos solicitudes de ciudadanía porque las personas trabajaron en la industria de la marihuana en Colorado, según sus abogados y funcionarios de Denver, que acusaron al gobierno de Donald Trump de negarles la naturalización a las personas que trabajan en ese campo.
La marihuana es legal en Colorado, pero su consumo o venta sigue vetado a nivel federal.
Oswaldo Barrientos, de 30 años, dijo que comenzó a trabajar en la industria de la marihuana en el 2014, alentado por lo que había descubierto investigando el uso de ese producto con fines medicinales en vista de que su madre sufría de cáncer de piel. Vino a Estados Unidos desde El Salvador cuando era pequeño y obtuvo la “green card” (tarjeta verde) de residencia permanente cuando tenía 13 años.
Pensó que el trámite de la ciudadanía sería simple. Habla bien inglés y dice que no tiene antecedentes policiales, paga los impuestos y completó la secundaria. Pero dijo que al ser entrevistado por personal de inmigración en noviembre, el funcionario que lo entrevistaba hizo hincapié en el trabajo de Barrientos en una empresa que cultiva legalmente marihuana.
Semanas después, recibió una carta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en la que se le informaba que su solicitud había sido rechazada por el tipo de trabajo que hacía, de acuerdo con sus abogados.
“Me quedé estupefacto, asombrado”, dijo Barrientos. “Sentí muchas cosas. Jamás me imaginé que iba a terminar en esta situación”.
No está claro si también se les negó la ciudadanía por las mismas razones a otras personas afuera de Colorado. Los abogados de Barrientos dicen no saber de ningún otro caso en otros estados. Sospechan que personas que no tienen abogados tal vez acepten la negativa y presenten nuevas solicitudes.
Los abogados de Barrientos Aaron Elinoff y Bryce Downer, que se especializan en las leyes de inmigración de Colorado, dijeron que a otra clienta también le habían negado la ciudadanía por su trabajo en la industria de la marihuana. La mujer pidió no ser identificada porque encontró otro trabajo en el sector médico, indicaron.
Deborah Cannon, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que esa dependencia no comenta casos individuales. Justificó el rechazo de la ciudadanía afirmando que las leyes federales prohíben su uso y su venta.
“Si bien las leyes estatales permiten el uso de la marihuana con fines médicos, la Corte Suprema dictaminó que el Congreso tiene jurisdicción para prohibir la distribución y posesión de la droga, incluso si estas actividades prohibidas no son ilegales a nivel estatal”, manifestó. “Al analizar las solicitudes de ciudadanía, la agencia debe acatar las leyes federales. Reconocemos la honestidad de los solicitantes que presentan la documentación requerida que refleja la compra y posesión legal a nivel estatal. Sin embargo, como agencia del gobierno federal, no estamos habilitados legalmente para darle consideración especial a estos casos mientras no se modifiquen las leyes federales”.
El consumo y venta de marihuana a adultos está permitido en diez estados. Y más de 30 estados permiten una variedad de productos derivados de la marihuana para usos medicinales.
Activistas han advertido a los inmigrantes de Colorado y otros estados que su involucramiento con la marihuana, por más que sea legal, puede complicar su situación inmigratoria.
La mayoría de los abogados de inmigración recomiendan a las personas que trabajan en la industria de la marihuana que no soliciten la ciudadanía, incluso en casos tan claros como el de Barrientos, según Elinoff.
“Estas son personas que realmente quieren ser ciudadanos”, dijo el abogado. “Y Estados Unidos les dice que no. No sabemos cuántas personas fueron rechazadas por esta razón”.
El alcalde de Denver Michael Hancock se reunió con Barrientos y con otros inmigrantes esta semana antes de pedirle al secretario de justicia William Barr que emita lineamientos formales sobre este tema.
“Denver comprende la necesidad de leyes y regulaciones federales en torno a la ciudadanía y la inmigración, pero estamos viendo los efectos desgarradores que esas leyes y regulaciones federales tienen en nuestros residentes”, escribió Hancock en una carta a Barr. “Bajo la actual política federal, a residentes permanentes legales como los de Denver que acabo de conocer les están rechazando la ciudadanía y pueden perder su status legal por haber trabajado legalmente en la industria de la cannabis”.
Barrientos dijo que apelará la decisión del servicio de inmigración. Sus abogados consideran asimismo otras opciones en tribunales federales.
Mientras tanto, el salvadoreño acata la recomendación de no salir del país para no correr el riesgo de que no se le permita regresar. Piensa seguir en el mismo trabajo y dice que la negativa del gobierno es una actitud “totalmente errada”.
“Trato de ayudar a la gente”, manifestó. “Queremos trabajar duro y vivir el sueño americano. Eso es lo único que siempre quise”.