San Luis Potosí, SLP.- La Oficialía Mayor y la Contraloría General del Estado, lograron hacer un blindaje administrativo para evitar la presencia de empresas o contratistas fantasmas.
El objetivo es blindarse de empresas que presentan irregularidades en sus domicilios, y que son señaladas de facturar operaciones simuladas, coincidieron la Oficial Mayor y el Contralor General del Estado, Ada Amelia Andrade Contreras y José Gabriel Rosillo Iglesias.
De esta manera, añadieron, se garantizará la correcta entrega de bienes, obras y servicios a las instituciones gubernamentales.
El año pasado, con el respaldo de organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, se realizaron modificaciones para crear un Padrón Único de Proveedores de la Administración Pública Estatal.
Se estableció lo necesario con el objeto de inhibir el empadronamiento y contratación de empresas y personas físicas que efectúen operaciones simuladas o inexistentes, tomado en consideración el listado definitivo publicado por el Servicio de Administración Tributaria.
Además de la creación de un Sistema Electrónico para la inscripción, trámite y expedición de la Cédula del Registro Estatal Único de Contratistas, para inhibir el empadronamiento y contratación de empresas y personas que efectúan operaciones simuladas o inexistentes.
Destacaron que, en el caso de proveedores de medicamento oncológico y controlado, equipo médico especializado, tecnología, equipo de cómputo y telecomunicaciones, deberán evidenciar con el documento correspondiente que están acreditados como distribuidores autorizados por el fabricante original.
Además, señalaron que la Oficialía Mayor solicita de manera obligada a quienes deseen obtener cédula de registro, fotografías georreferenciadas de su domicilio fiscal, legal o convencional donde vaya al menos una fachada del negocio, así como fotografías de la entrega de los bienes, y constancias de todos los domicilios disponibles, entre otros.
Así mismo, se informó que, en el caso de contratistas de obras, su registro se encuentra digitalizado desde 2017 y se coteja minuciosamente la documentación presentada a fin de evitar su falsificación.
En respaldo de lo anterior, el Gobierno del Estado ha emitido un acuerdo administrativo que tiene como objetivo inhibir la contratación de estas empresas que con el objeto de evadir sus responsabilidades fiscales su domicilio reportado no corresponde con el real, o bien es inexistente.
