San Luis Potosí, SLP.- Las familias de las víctimas de personas desaparecidas tendrán seis meses para lograr que el Poder Judicial emita la “declaración de ausencia” en el Estado de San Luis Potosí.
El pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad en sesión ordinaria, la expedición de la Ley que Regula el Procedimiento para la Emisión de la Declaratoria de Ausencia de Personas Desaparecidas.
Con la armonización de la Ley, las familias podrán garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad; fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad.
Además de proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida; fijar la forma y plazos para que los Familiares puedan acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida.
Se permitirá que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen.
Con ello también se suspenderá de “forma provisional” los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida y declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo.
El dictamen que, fue aprobado por 25 votos a favor, fue apoyado por los diputados de todas las fuerzas políticas en el pleno.
Sonia Mendoza, quien llevó al pleno el dictamen, destacó que la situación a la que se enfrentan familiares y amigos de las personas desaparecidas, cuando se dan cuenta de las consecuencias legales y materiales a las que todavía tienen que hacer frente, pues no saben si sus familiares siguen o no con vida, teniendo que afrontar problemas económicos y se tienen que adaptar a la nueva situación, donde además se torna imposible recibir pensiones u otras ayudas al no existir un certificado de defunción, lo que les coloca en la marginación social.
Durante su votación en el pleno, el diputado Martín Juárez Córdoba, comentó que esta nueva legislación resuelve de alguna manera la problemática legal de continuidad de los derechos y obligaciones personales y reales de las personas desaparecidas, como por ejemplo la protección de los derechos y bienes de los hijos menores.
La legisladora Marité Hernández Correa, dijo que la desaparición forzada de personas es un delito que afecta a toda la población.
“La falta de un Estado de derecho y la corrupción entre delincuentes y autoridades han dejado ausencias en muchas familias, sin alguna explicación”.
Reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil que trabaja para encontrar respuestas y en algunos casos a sus familiares.
