Ciudad de México. La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de República, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, aprobó hoy la reforma por la que se regula la subcontratación conocida como outsourcing, a fin de proteger los derechos de los trabajadores y acabar con la evasión fiscal.
A la reunión no asistieron los senadores de PAN y PRI, pero la aprobó la mayoría de Morena, PT, PES y PVEM.
“Dado que es una modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y la Ley del Seguro Social, no se requiere mayoría calificada para aprobarla ante el pleno, pero “se buscará convencer a los partidos que hoy no asistieron, de la importancia de regular el outsourcing”, comentó Gómez Urrutia.
Explicó que los argumentos que han esgrimido los empresarios en contra de esa reforma no tienen sustento, ya que no perjudica la ratificación del Tratado de Libre Comercio (TMEC) con Canadá y Estados Unidos. Por el contario, dijo, permite restaurar los derechos de los trabajadores en materia pago de utilidades y de pensión, ya que los deberán registrar ante el IMSS y el Infonavit, con los salarios reales que perciben.
En el dictamen se establece un plazo de seis meses, a partir de la promulgación de la reforma, para que los empresarios que hubieran incurrido en subcontratación ilegal y omitido el pago correspondiente de utilidades, cubran espontáneamente ese monto.
En el artículo quinto transitorio se establece que “contarán con ese mismo plazo para cubrir espontáneamente las contribuciones omitidas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un pago del cincuenta por ciento del monto que resulte sin actualizaciones y recargos”.
Ese mecanismo se aplicará “siempre que además de ello proporcionen a la Procuraduría Fiscal de la Federación o a la Fiscalía General de la República, información que permita identificar las personas físicas que lidereaban la organización criminal de subcontratación ilegal o simulada con quienes tuvieron trato, así como todo dato sobre éstas que permita su investigación, a fin de extinguir el dominio de los bienes que detenten como producto de sus actividades ilícitas”.
Se precisa que en ese plazo de seis meses, el ministerio público no judicializará asunto alguno, pero una vez concluido, podrá ejercer acción penal contra el uso ilegal de esquemas de subcontratación. Se les aplicará la extinción de dominio
La reforma prevé también la posibilidad de que al final de los seis meses de plazo, si el empresario no puede cubrir la totalidad del adeudo con el trabajador, convenga el pago en parcialidades.
Por lo que se refiere a conductas delictivas cometidas después de que la reforma se haya promulgado, podrán judicializarse de inmediato.
