Ciudad de México.- Al menos los 49 senadores del PAN, PRI, MC y PRD preparan una acción de inconstitucionalidad en contra de la reciente reforma a la ley de adquisiciones para permitir al Estado la compra de medicamentos en el extranjero, porque desde su valoración viola el artículo 134 de la Constitución, amén de que generará diversos daños en la salud de los mexicanos y en los empleos de la industria farmacéutica nacional.
Cuando veamos que miles de trabajadores que estaban en la industria farmacéutica nacional estén en la calle pidiendo empleo, cuando dentro de uno o dos años no se proporcionen las medicinas a miles de niñas y niños, cuando los cadáveres de enfermos cancerosos encuentren la muerte en lugar de un tratamiento adecuado, estén sobre la conciencia de todos, cuando en unos años veamos que las ofertas de laboratorios extranjeros sólo obedecen al lucro.
Y que con los cambios que se introdujeron en los últimos minutos no señalan la existencia de ninguna licitación, lean cómo quedó la reforma. No se habla de ninguna licitación. No se habla del cumplimiento de ninguna normatividad. Se hace una referencia abstracta a los principios constitucionales; por eso se ganará la acción de inconstitucionalidad que vamos a plantear.
Dentro de unos meses; dentro de unos años, nos daremos cuenta que por estas decisiones la historia no los absolverá”, destacó la priista Beatriz Paredes.
ES UNA REFORMA INNECESARIA
Dante Delgado, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, añadió que presentarán esta acción de inconstitucionalidad, porque es una reforma innecesaria y viola flagrantemente el artículo 134, porque da facultades excesivas, discrecionales a la autoridad”.
Alejandra Reynoso, del PAN, afirmó que “este gobierno pretende legalizar la opacidad y desmarcarse de su responsabilidad en la atención de la profunda crisis de salud y económica en la que se encuentra sumido el país”.
Juan Manuel Fócil, senadoer del PRD, recordó que “el artículo 134 de la Constitución Política de México establece los principios generales que debe seguir la contratación pública.”
Dicho precepto contempla que las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios del Estado deberán realizarse a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, con la finalidad de asegurar, para el propio Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”, añadió el legislador.
Las y los senadores coincidieron en que esta decisión provocará efectos negativos incluso en la salud de los mexicanos, porque no todos los medicamentos extranjeros tienen los niveles de calidad que se requieren en México.
De acuerdo con las reglas para contravenir una decisión legislativa, los senadores tienen derecho a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), siempre y cuando reúnan al menos el 33% de los integrantes del pleno.
Es decir, 43 de los 128 senadores y las y los senadores de oposición suman en total 49 integrantes, por lo que tienen el porcentaje suficiente para interponer el recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
REFORMA VA CONTRA T-MEC
Al considerar que la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público vulnera el artículo 134 de la Constitución, legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano analizan presentar ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad.
En conferencia de prensa con la dirigencia de Acción Nacional, la senadora Alejandra Reynoso reseñó que parlamentarios de su bancada, de Movimiento Ciudadano y del PRI manifestaron la preocupación de que el cambio aprobado este miércoles —para realizar compras en el extranjero de insumos de salud— convertirá a las licitaciones en una excepción.
La senadora Reynoso señaló que la reforma también es adversa a los compromisos establecidos en el T-MEC, “porque ahí se habla de la transparencia en las compras gubernamentales, y que deben de participar todos los proveedores interesados y presentar una oferta”.
Calificó la parlamentaria panista de “chantaje” el argumento de que la reforma busca comprar la vacuna contra el Covid-19, cuando lo que se busca, dijo, es “legalizar la opacidad”.
Por su parte, Movimiento Ciudadano —cuyo coordinador en el Senado, Dante Delgado, anunció este miércoles que encabezará la acción de inconstitucionalidad— difundió un pronunciamiento en el señala que la reforma es “una trampa y un fraude a la ley”.
Por su parte, el diputado federal Antonio Ortega Martínez (PRD) dijo que es falso que el propósito central de la reforma sea acceder a la vacuna contra el covid-19.
Lo que se pretende es resolver de mala manera, el desabasto y buscar proveedores internacionales haciendo a un lado a empresas que aportan 160 mil empleos directos y 500 mil indirectos”, acusó el legislador.
