Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) integra, como una de sus tres vertientes de trabajo, la perspectiva de desaparición forzada en cuanto a las nuevas acusaciones contra autoridades y miembros de Guerreros Unidos involucrados o partícipes en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa; de esta manera, el delito cometido será imprescriptible y no beneficia a quienes pretendan convertirse en testigos colaboradores, revelaron funcionarios federales.
A seis años de lo sucedido en Iguala, donde integrantes del cártel Guerreros Unidos y policías de varios municipios de Guerrero atacaron, privaron de la libertad y desaparecieron a alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de las 164 personas que fueron detenidas entre 2014 y 2016, más de la mitad recuperaron su libertad en 2018 y 2019 al ganar un amparo y demostrar que fueron torturados.
Aunque se han realizado estudios genéticos a restos óseos localizados en el municipio de Cocula, sólo se han logrado identificar a tres de ellos como integrantes del grupo de normalistas y están pendientes labores de búsqueda en puntos de Guerrero donde se presume podrían haber sido inhumados.
Por ello, indicaron funcionarios, la oficina del fiscal especial para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo, trabaja en tres vertientes de manera simultánea: la obtención de datos que lleven a establecer lo que sucedió con los desaparecidos; sancionar penalmente a funcionarios que hayan incurrido en violaciones al debido proceso, tortura y delitos contra la administración de la justicia, y actuar judicialmente por desaparición forzada en contra de servidores públicos federales, estatales o municipales y miembros de Guerreros Unidos que hayan colaborado en la privación ilegal de la libertad y posterior desaparición de los estudiantes, entre ellos José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder del grupo delictivo.
Los entrevistados refirieron que la fiscalía especial ha avanzado en sus tres objetivos: se han obtenido órdenes de captura, entre ellas para el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Tomás Zerón de Lucio (prófugo de la justicia), el ex comandante Carlos Gómez Arrieta (ya detenido) y recientemente fue aprehendida la agente del Ministerio Público Federal Blanca N, una de las primeras intervinientes en la investigación federal por parte de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
Asimismo, involucrados en los hechos han aportado información para llevar a cabo acciones de búsqueda, entre ellos, Eliseo N, quien formó parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y se encontraba preso en el estado de Morelos; también del líder de Guerreros Unidos en Iguala, Gildardo N, aunque esto sólo fue de manera temporal, pero compartió datos que llevaron a la ubicación de restos en Cocula, concretamente en la barranca La Carnicería, donde se localizaron fragmentos óseos que dieron positivo para identificar al estudiante Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Testigo implica a El Patrón
Las autoridades entrevistadas advirtieron que en el caso del testigo identificado con la clave Juan, que corresponde al ex líder de Guerreros Unidos en Iguala, brindó un testimonio que ha permitido considerar la importancia de identificar a un personaje que se menciona en las investigaciones como El Patrón.
Sin embargo, también detectaron que el testigo colaborador trató de engañar a la autoridad y en su testimonio inculpó a un hombre identificado como El Güero Mugres –preso en 2015 por el caso Iguala pero fue liberado–, como el responsable de dar la orden de asesinar a los normalistas. De esa manera el testigo con clave Juan, que en realidad es Gildardo N, pretendió que su nombre ya no apareciera en las investigaciones.
El Güero Mugres era el encargado del tráfico de droga en los municipios de Tonatico e Ixtapan de la Sal, estado de México, municipio donde fue asesinado en 2018.
Ayotzinapa: en este gobierno ya van 80 órdenes de captura
Resultado de las recientes investigaciones en el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) ha obtenido 80 órdenes de captura contra involucrados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. De ese total, ya ha cumplimentado 58, entre ellas, las de tres elementos de la Policía Federal, un militar, varios ex funcionarios municipales del estado de Guerrero, también contra José Ángel Casarrubias Salgado, El Mochomo, líder de la banda de Guerreros Unidos, quien ordenó que se privara de la vida a los 43 estudiantes.
Entre los prófugos hay ex funcionarios federales, como Tomás Zerón de Lucio, que dirigió la Agencia de Investigación Criminal (AIC), algunos fiscales federales, un efectivo del Ejército Mexicano que tenía responsabilidad en cuanto a las labores de inteligencia que el personal de la Defensa Nacional realizaba en Iguala el 26 de septiembre de 2014, así como decenas de ex policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco que habían sido liberados al considerar los jueces federales que habían declarado bajo tortura y no había pruebas que acreditaran su responsabilidad en cuanto a las acusaciones por delincuencia organizada y secuestro.
Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad y que hoy estarán presentes en el acto que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionaron que los avances en el caso Iguala son importantes, ya que no se han escatimado esfuerzos para detener a quienes se les ha detectado alguna responsabilidad, aunque señalaron que la filtración de información ha permitido que algunos de los inculpados estén prófugos.
Ese es el caso de Zerón de Lucio, en torno de quien la FGR solicitó la colaboración internacional para su aprehensión y revelaron que, una vez que la Agencia de Investigación Criminal detectó que el ex funcionario viajó a Canadá de manera inmediata, solicitó información, pero la respuesta tardó ocho meses y en ella se dijo que sí había llegado a Vancouver y allí abordó un vuelo con destino a Tel Aviv, Israel, donde ya ha sido ubicado.
Además, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, líder de Guerreros Unidos en Iguala en la fecha que se agredió a los estudiantes, ya es buscado para enfrentar un mandamiento en su contra por desaparición forzada y no podrá solicitar beneficios jurídicos aunque haya sido testigo colaborador de la FGR.
En cuanto a El Cabo Gil, el Ministerio Público aportó como prueba la transcripción de los mensajes que interceptó con autorización judicial la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en los que el imputado dijo a otros mandos de Guerreros Unidos que entre los estudiantes iban infiltrados miembros del grupo de Los Rojos, organización rival, y por ello ordenó que los secuestraran y asesinaran.
Los entrevistados refirieron que el gobierno mexicano está a la espera de que en Europa disminuyan los efectos de la pandemia, ya que están pendientes de enviarse a la Universidad de Innsbruck, Austria, al menos una decena de fragmentos óseos que podrían aportar la identificación de otros estudiantes que fueron victimados en septiembre de 2014 por parte de Guerreros Unidos.
