Fecha: 25 / 11 / 2020
Hora: 09:25 PM

Caso Cienfuegos, señal a favor del Ejército: expertos

Por: (Agencias) el 19/11/20
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Bruselas.— El traslado a México del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, es una sólida señal de que el papel de las Fuerzas Armadas seguirá siendo protagónico en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

También certifica el modelo que exime a las fuerzas castrenses de la obligación de rendir cuentas a las autoridades civiles por su desempeño en tareas de seguridad pública.

Esa es la lectura que tiene Falko Ernst, responsable para México de International Crisis Group (ICG), sobre la decisión adoptada al más alto nivel del Departamento de Justicia de Estados Unidos para permitir que el general Cienfuegos Zepeda sea devuelto a México sin haber enfrentado a la justicia estadounidense.

“En su esencia, envía una señal bastante fatal en los términos del papel ya demasiado poderoso y profundo de las Fuerzas Armadas en la democracia mexicana”, dijo Ernst a pregunta expresa durante un foro virtual convocado por la organización con sede en Bruselas bajo el título de Violencia a prueba de virus: crimen y Covid-19 en México y el Triángulo Norte de Centroamérica.

Para el investigador, hay un pacto negociado entre Andrés Manuel López Obrador y el Ejército para que éstos ocupen un papel protagónico dentro de su proyecto de nación.

Señala que el haber ido hasta una Corte de Nueva York para resolver la suerte del general Cienfuegos Zepeda fue ante todo para proteger la integridad de las Fuerzas Armadas mexicanas.

“Para garantizar que no se toque a las Fuerzas Armadas, para que sigan con el derecho de facto de autogobernarse sin intervención exterior”, subraya.

Igualmente muestra que el gobierno no tiene la intención de dar marcha atrás al proceso de militarización, a pesar de que el país requiere soluciones integrales basadas en una perspectiva de salud y desarrollo social, no en el empleo de mano dura.

“Demuestra que tan profunda es la militarización y la dependencia de la política civil en las Fuerzas Armadas”, indica.

Durante el foro, en el que participaron expertos como Tiziano Breda, analista para América Central de ICG, y Gema Santamaría, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Loyola, Chicago, Estados Unidos, además se habló de la futura cooperación con el próximo presidente estadounidense, Joe Biden.

“Bajo el nuevo gobierno de Biden tampoco podemos esperar un cambio rápido, radical, fundamental a corto plazo”, expuso Ernst.

Los expertos coincidieron en que para un cambio de paradigma en seguridad, se requiere alterar el discurso en Washington y de voluntad en México para dar un giro al modelo militarizado.

Al abordar el tema de los impactos de la pandemia, los analistas destacaron que los cárteles de la droga y los grupos especializados en el saqueo de combustible lograron normalizar sus actividades delictivas desde mayo, luego de verse destoconados en marzo y abril pasados.

En cuanto a los homicidios, no sufrieron alteración alguna en México. La lógica de guerra entre los grupos incluso se recrudeció, pues la distracción que provocó la pandemia en las fuerzas del Estado fue un incentivo para intentar debilitar a los bandos rivales.

La herencia de la crisis sanitaria supone un riesgo mayor para la seguridad en México, debido a que sus secuelas económicas pueden ser semillero para el reclutamiento y la diversificación de cartera criminal.

Aunque también supone una oportunidad, si se utiliza la recuperación económica para apalancar la reconstrucción del tejido social y la creación de nuevas oportunidades para los jóvenes.

“Inválidas, pruebas de EU contra Cienfuegos”
La Fiscalía General de la República (FGR) deberá integrar en su investigación otro tipo de pruebas contra el general Salvador Cienfuegos ya que las recabadas por la DEA, sobre una supuesta relación con un grupo del crimen organizado , fueron obtenidas de manera ilegal, por lo que difícilmente serán validadas por los jueces mexicanos, advirtieron abogados penalistas.

El exprocurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, fue tajante al señalar que los “miles” de mensajes de texto que supuestamente el general Cienfuegos intercambió con integrantes de la delincuencia organizada y que habría interceptado la DEA, son evidencias que a la luz del Derecho mexicano se recabaron violando la legislación del país.

“Las pruebas fueron obtenidas, a la luz de nuestro Derecho, de manera ilícita, porque no se solicitó autorización judicial ni tampoco se activó el acuerdo de cooperación judicial o el de validación de pruebas”, dijo.

Para el abogado constitucionalista, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) suplantó a las autoridades policiales mexicanas y al Ministerio Público, que son los únicos órganos competentes, desde el punto de vista constitucional, para investigar delitos en territorio nacional.

“En consecuencia, esas pruebas, obtenidas de esa manera, deberán, a mi juicio, ser desechadas. Y como ellos lo reconocen, las conductas fueron realizadas en México y esa suplantación no se puede pasar por alto ni permitir constitucionalmente”, refirió el experto.

Morales Lechuga señaló que Cienfuegos Zepeda fue acusado por actos en el desempeño de su encargo como secretario de la Defensa Nacional (2012-2018), por lo que, dijo, deber ser juzgado por el fuero militar.

“Los delitos que se cometen por parte de militares, que no sean contra civiles, a mi juicio deben ser investigados por la procuraduría de Justicia Militar y resueltos por el Tribunal de Justicia Militar, aplicando el Código de Justicia Militar, según el artículo 13 constitucional”, comentó. Por lo tanto, afirmó que el exjefe militar debe ser puesto a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una vez que sea retornado a México por las autoridades de Estados Unidos.

El presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., Alberto Woolrich Ortiz, explicó que si los delitos de narcotráfico y lavado de dinero de los que se acusa a Cienfuegos Zepeda se cometieron en México, se pueden investigar y judicializar en nuestro país, pero, dijo, se requerirá que las pruebas que haya aportado Estados Unidos a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General, se convaliden y se demuestre la veracidad de las mismas.

“Si está demostrada la veracidad y ya no hay más investigación que hacer, entonces [las pruebas aportadas por la DEA] sí se pueden someter a la consideración de un juez de Control para saber si va a librar un pedido de restricción de libertad contra el general”, indicó.

De lo contrario, comentó el litigante, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, tendría que exponer otro tipo de evidencias para que tengan un sostén y no se pueda caer la etapa de la imputación o del juicio ante el juez de Control.

El especialista en Derecho Militar César Gutiérrez Priego dijo que los jueces mexicanos no darán validez a la investigación de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda, porque no se realizó en el marco de la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.

Y añadió: “Yo creo que lo que va a pasar es que el general Salvador Cienfuegos Zepeda va a venir a México y las imputaciones que le hagan van a carecer de valor probatorio, el señor va a terminar exonerado”.

A su vez, el abogado Juan Velázquez señaló que Cienfuegos estará en manos de la FGR y dependerá de esta institución si el exjefe militar es detenido para ser procesado.

“Regresará Cienfuegos con los datos que la FGR tenga (…) y en todo caso llevarlo a un juicio y si lo llevan a éste, para que a lo mejor estuviera privado de la libertad en una prisión militar y enjuiciado por las autoridades civiles”, comentó.

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