San Luis Potosí, SLP.- La plaza de Armas se volvió a llenar de manifestante. Primero los Policías Ministeriales y Ministerios Públicos que lograron entrar al Palacio de Gobierno y después los maestros del CECYTE pero atrás de ellos las maestras de estancias infantiles del Sistema DIF y todos en una demanda común: El pago de salarios.
Por la mañana los Policías y MP, quienes pusieron en jaque al sistema de Gobierno por tres días, lograron ingresar a Palacio de Gobierno para lograr el pago de sus prestaciones y beneficios como trabajadores de la fiscalía así como custodios.
A las 13:00, los seguidores de Adriana Moya, ya tenía al menos cuatro horas de estar negociando con el Estado, pero a esa misma hora comenzaron a manifestarse los maestros del CECYTE que ven en riesgo el pago de sus salarios.
Alejandro Hernández Secretario de Acción Política del CECYTE dio a conocer que la falta de recursos a la institución está afectando a 900 trabajadores pero lo más grave es que son 8 mil 500 alumnos.
Junto con otros maestros, dio a conocer que las carencias están creciendo en la institución educativa y es necesario que el Gobierno reaccione para mantener los pagos salariales y los servicios de las escuelas.
“Si no se resuelve esto, no podrán regresar los alumnos a clases y se tendrán que quedar en casa y es muy arriesgado atender a los alumnos sin insumos para prevenir el Covid19.
A la protesta se sumaron las maestras de estancias infantiles que exigen el pago de sus salarios y recordaron que el Gobierno debió haber pagado 3.3 millones de pesos anuales a las estancias del DIF Estatal pero adeudan 1.7 millones de pesos por los servicios otorgados.
Más de 60 trabajadoras se concentraron afuera de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, a media cuadra de la Plaza de Armas de esta capital, para reclamar por el impago de 3.3 millones de pesos de presupuesto operativo registrado en los últimos tres meses.
Ana Luisa Sierra Estévez, vocera, explicó que ya se había logrado que 1.6 millones de pesos fueran entregados por Finanzas al DIF, pero que del resto, 1.7 millones, no se sabe nada.
Las manifestantes explicaron que la falta de este recurso impacta directamente la operatividad de 102 estancias infantiles en las que laboran casi 500 profesionales que atienden a mil 500 menores, aproximadamente.
Las trabajadoras manifestaron su temor de que la nueva administración estatal no se haga responsable de los pagos que deje pendiente el actual gobierno, aunque señalaron que con quienes se perfilan como nuevos funcionarios, no han tenido contacto alguno hasta hoy.
