Bruselas.- El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó el miércoles que el bloque de 27 naciones puede suspender los pagos de apoyo a los estados miembros si violan los principios del estado de derecho, y desestimó una impugnación de Hungría y Polonia.
Los gobiernos de derecha de ambas naciones habían argumentado que tal acción carecía de una base legal adecuada. Ambas naciones, grandes receptoras de fondos de la UE, han sido objeto de crecientes críticas en los últimos años por alejarse de los principios occidentales del respeto de los valores democráticos en sus naciones.
“El Tribunal desestima las acciones presentadas por Hungría y Polonia en su totalidad”, dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un comunicado.
El fallo fue anticipado con entusiasmo por muchos que habían acusado a las dos naciones de retroceso democrático y habían visto la medida de vinculación como el arma más potente de la UE para evitar que se profundice la brecha de legitimidad democrática dentro del bloque.
Cuando se trata de principios democráticos, “la Unión Europea debe ser capaz de defender esos valores, dentro de los límites de sus poderes”, dijo el tribunal.
La Comisión ejecutiva de la UE dijo que esperaría el fallo del miércoles antes de comprometerse a retener los fondos, pero su presidenta, Ursula von der Leyen, acogió inmediatamente el fallo.
“La Comisión defenderá el presupuesto de la Unión frente a las infracciones de los principios del Estado de derecho. Actuaremos con determinación”, prometió von der Leyen.
La reacción de Hungría no se hizo esperar. La ministra de Justicia, Judit Varga, criticó el fallo en su página de Facebook, calificándolo de “juicio político” y prueba de que la UE estaba abusando de su poder.
“El fallo es otra aplicación de presión contra nuestro país porque aprobamos nuestra ley de protección infantil durante el verano”, escribió Varga, refiriéndose a la polémica legislación húngara del año pasado que prohíbe la representación de la homosexualidad o el cambio de género a menores en el contenido de los medios. Pero la aprobación del mecanismo del estado de derecho por parte de la UE es anterior a la ley húngara, que muchos críticos han denunciado como una violación de los derechos LGBTQ.
Tanto Hungría como Polonia han argumentado en el pasado que el tribunal se estaba excediendo en su autoridad al aprobar un nuevo mecanismo que no está descrito en los propios tratados de la UE. Dijeron que hacer tal vínculo entre las finanzas y las decisiones legales de los estados miembros independientes equivalía a un chantaje de Bruselas.
Sin embargo, el tribunal argumentó que el retroceso democrático no solo tuvo un impacto político sino que también afectó los asuntos presupuestarios.
“La buena gestión financiera del presupuesto de la Unión y los intereses financieros de la Unión pueden verse seriamente comprometidos por violaciones de los principios del estado de derecho cometidas en un estado miembro”, dijo.
Polonia y Hungría han enfrentado críticas en la UE durante años por acusaciones de que han estado erosionando la independencia judicial y de los medios, entre otros principios democráticos. La UE se vio incapaz de hacer mucho para alterar el curso de cualquiera de las dos naciones y, por lo tanto, recurrió a vincular el dinero a su adhesión al comportamiento democrático.
Respetar los principios del estado de derecho democrático es un faro de los criterios de admisión de la UE y el tribunal insistió en que, una vez dentro, esos principios deben mantenerse.
“La Corte especifica, en primer lugar, que el cumplimiento de esos valores no puede reducirse a una obligación que un estado candidato debe cumplir para acceder a la Unión Europea y que puede ignorar después de la adhesión”, dijo.
En Hungría, el primer ministro Viktor Orban ha estado impulsando lo que él llama “democracia antiliberal”, que según sus críticos equivale a sofocar la democracia. En Polonia, el partido Ley y Justicia domina abrumadoramente el gobierno y también se ha enfrentado cada vez más a las críticas de otros países miembros de la UE. El gobierno de derecha ha quebrantado las propias leyes de la nación con el fin de obtener control político sobre los tribunales y los jueces.
Hungría y Polonia intentaron inicialmente bloquear el presupuesto debido a la introducción del nuevo mecanismo, pero finalmente aceptaron el plan con la condición de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo revisara.
