San Luis Potosí.- En San Luis Potosí se requiere que el Poder Legislativo impulse un mayor presupuesto para la atención de personas con discapacidad y las obras de infraestructura que urgen en las ciudades, pero en particular es necesario modernizar las leyes para darles equidad y un modelo de justicia donde se respeten sus derechos humanos.
Silvia Emilia Degante Romero y Mariana Hernández coordinadoras del Movimiento de Personas con discapacidad San Luis Potosí, destacaron la necesidad de que este sector de la población tenga las herramientas necesarias para salir adelante en todos los aspectos y una parte esencial lo representan los tres órdenes de gobierno.
“Desde el poder legislativo esperamos el respaldo para que velen por la aprobación de los presupuestos, así como la actualización de nuestras leyes. Así como desde el poder judicial se deben de realizar los ajustes razonables para que la comunidad con discapacidad puedan gozar de la tan anhelada justicia”, expone Degante Romero de Movimiento “Orgullo y Dignidad” en San Luis Potosí.
Cabe señalar que el pasado 3 de mayo celebraron que en el 2008 entró en vigor la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Señala que mediante el establecimiento de un mecanismo para la presentación de denuncias, el Protocolo facultativo de la Convención garantiza que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho a una reparación por las violaciones de los derechos.
“Hoy nos toca recordarle a todos los responsables de hacerla realidad, que debe ser bien comprendida en sus objetivos, conceptos y disposiciones: desde los funcionarios de los diferentes niveles de gobiernos, a los parlamentarios y jueces; los representantes de los organismos descentralizados, todos los que ejecutan fondos y programas”.
La Convención dispone así mismo que la sociedad civil y, en particular, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan deben participar plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento, al igual que han de participar en la elaboración y aplicación de políticas, programas y legislación para hacer efectiva la Convención de conformidad con el artículo 4o de la misma.
Silvia Emilia Degante, confió en que los actuales funcionarios cumplan sus obligaciones para sus ciudadanos y en particular con las personas que tienen una discapacidad.
