Ciudad de México.- Casi ocho de cada diez universidades públicas (77%) estatales presentan irregularidades en el uso de los recursos públicos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que las deficiencias en 27 de 35 universidades públicas estatales detectadas suman 1, 700 millones de pesos y 92% de este monto aún tiene aclaraciones pendientes
De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) las Universidades Autónomas de Coahuila, Nayarit y Nuevo León concentran los montos irregulares más altos que aún están pendientes por aclarar.
Estas fallas en el uso de los recursos públicos federales afectan la calidad de la educación que reciben 1.7 millones de estudiantes del nivel superior en las entidades federativas”, destacó el Instituto
Asimismo advirtió que las deficiencias en la gestión de los recursos públicos tienen repercusiones directas en el rendimiento de 85 mil docentes y la calidad educativa de las instituciones.
Al analizar los resultados de la ASF para identificar las malas prácticas y el impacto que tienen en la calidad de la educación superior que las universidades ofrecen, el Imco halló cinco principales irregularidades en el ejercicio de los recursos de las universidades públicas estatales: fallas en el reporte y reintegración de recursos a la Federación; deficiencias en los sistemas de control interno; discrepancias y falta de información en la información contable; irregularidades en los sistemas de nómina y deficiencias en el reporte a la Secretaría de Educación Pública (SEP).
En el caso de la Universidad del Carmen en Campeche, por ejemplo, no reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 18.7 millones de pesos no comprometidos provenientes del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales.
La Universidad Autónoma de Coahuila no acreditó el monto total del ISR retenido a los trabajadores de la universidad durante 2022.
En tanto, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Nayarit presentaron deficiencias en sus sistemas de control interno, ya que, en particular, no emitieron reglas ni lineamientos en la materia, carecieron de códigos de conducta y de un comité de administración de riesgos, entre otras omisiones.
En el caso de la Universidad Autónoma de Nayarit no presentó la documentación necesaria para acreditar pagos destinados a la atención médica del personal universitario, lo que generó un posible daño al erario por 1.4 millones de pesos.
En su análisis, el Imco expuso el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila que no presentó la documentación para comprobar el gasto de 162 millones de pesos provenientes de los subsidios federales.
