El Congreso del Estado de San Luis Potosí se ha convertido en una vergüenza para y cómo representación popular.
Lejos de ser un contrapeso del poder ejecutivo, se ha transformado en un instrumento dócil al servicio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Los diputados locales, anodinos y sumisos, han renunciado a su deber de legislar con independencia y en beneficio de la ciudadanía.
Como consecuencia de ello la producción legislativa es escasa y, cuando existe, carece de profundidad y relevancia.
Las iniciativas presentadas, en su mayoría, responden a los caprichos del Ejecutivo, sin un análisis serio de las necesidades reales del estado.
Por ejemplo, se ha propuesto declarar recintos oficiales provisionales para sesiones solemnes en lugares como la Plaza de los Fundadores o el Teatro de la Paz, sin que esto aporte beneficios tangibles a la población.
Además, se han impulsado reformas para sancionar a quienes provoquen incendios, lo cual, aunque relevante, parece más una respuesta reactiva que una política preventiva integral. También se ha presentado una iniciativa para regular el uso responsable de la inteligencia artificial, sin una estrategia clara de implementación.
Estas acciones reflejan una falta de visión y compromiso con los verdaderos problemas que aquejan a San Luis Potosí.
Mientras tanto, temas cruciales como la seguridad, la salud y el desarrollo económico quedan relegados.
A estos desaciertos legislativos se suman escándalos que han minado aún más la credibilidad del Congreso.
En septiembre de 2024, la instalación de la LXIV Legislatura estuvo marcada por la controversia entre el panista Marcelino Rivera y su suplente Enrique Ortiz, quienes se disputaron una curul en medio de acusaciones de inhabilitación y desvío de recursos por parte de Rivera. Esta situación generó confusión y desconfianza en el proceso legislativo.
Asimismo, organizaciones civiles como Ciudadanos Observando han calificado a la legislatura como «sumisa y abusiva», señalando la falta de independencia y el servilismo hacia el Ejecutivo.
A pesar de estas críticas, los diputados han minimizado las observaciones, mostrando una preocupante desconexión con la ciudadanía.
Es urgente que el Congreso recupere su autonomía y actúe con responsabilidad.
La ciudadanía merece legisladores que trabajen por el bien común, no por intereses particulares o por complacer al gobernador en turno.
