San Luis Potosí.- Comunidades indígenas tének y náhuatl de la Huasteca Potosina han presentado 19 amparos en contra de la reducción presupuestal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Los recursos legales han sido interpuestos ante los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito. Continúan las asambleas comunitarias para designar a los comités de administración y vigilancia del FAIS, donde se siguen cometiendo omisiones y violaciones a los derechos colectivos.
Esta reducción, según los afectados, se debe a una redistribución del presupuesto que omitió incluir a pueblos indígenas registrados en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
La Secretaría del Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) son señalados como responsables de violaciones a derechos humanos por modificar unilateralmente el monto aprobado originalmente.
El recorte presupuestal afecta significativamente a las comunidades y forma de vida de los pueblos indígenas.
Los municipios, que reciben el 79% del presupuesto, no han sufrido afectaciones, lo que demuestra un trato inequitativo e incongruente con el reconocimiento legal de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
Las autoridades cuestionadas incluyen a Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar; Guillermo Morales López, delegado de Programas para el Bienestar en San Luis Potosí; Adelfo Regino Montes, director del INPI; y Mario Alberto Godoy Ramos, titular de la oficina de representación estatal del INPI.
Cabe señalar que El Fondo de portaciones para la Infraesturvutra Social con Componente Indígena y Afroamexicano -Faispiam- autorizó a 536 pueblos y comunidades indigenas poco más de 500 millones de pesos, es decir, en promedio recibirán 932 mil 835 pesos.
Acciones legales:
Los recursos legales han sido interpuestos ante los Juzgados Quinto y Séptimo de Distrito.
Continúan las asambleas comunitarias para designar a los comités de administración y vigilancia del FAIS, donde se siguen cometiendo omisiones y violaciones a los derechos colectivos.
