Todavía el lunes, se podía escuchar el eco de los impactos de bala que mataron a Sandra Revilla.
La empresaria, fue asesinada a quemarropa y la única versión que corrió en las primeras horas fue el asalto, pero ni eso cree la Fiscalía porque está confundida, desorientada y no sabe por dónde viene el crimen.
Aquí, en la ciudad de Enrique Galindo, un ex policía fallido que no ha podido tener éxito con su estrategia de prevención y en un Estado que maneja Ricardo Gallardo con cifras alegres, con pan y circo para la gente, sigue oliendo a impunidad y violencia.
Los grandes espectáculos han sido una estrategia de distracción que sirven para simular los resultados que en materia de seguridad realmente existen.
Una muestra ha sido la tragedia que vive la familia de la empresaria Sandra Revilla, que ve, lejos la posibilidad de conocer la justicia, porque fue tanta la violencia con la que la atacaron en su negocio, «Cava Mármoles y Granitos», en el Barrio de San Juan de Guadalupe, San Luis Potosí, que se ve lejos encontrar a los responsables.
La fiscal María Manuela García Cázares, ha mostrado una inmadurez en materia de investigación y estrategia en la operación de una Fiscalía contaminada y envuelta de muchos actos de corrupción y si no, que le pregunten a los Colectivos.
El ‘juego de damas chinas’ que han hecho de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, que dirige Jesús Juárez Hernández, han destacado más por sus actos de prepotencia y abuso, que de protección y prevención a la ciudadanía. La espantan.
Han ido torpezas, tras torpezas, y pareciera que a conveniencia, nada pueden hacer, nada, y allí están las calles de muchos municipios y ciudades de San Luis Potosí, teñidas de sangre y decoradas de violencia. En especial la Huasteca.
Los decomisos de fentanilo que ha hecho la Federación, hace presumir una complicidad de la autoridad local para permitir que se mantenga una enorme distribución de droga en la gran mayoría del territorio de San Luis Potosí.
Hay una crisis real en materia de seguridad y los actos de mayor impacto se mantienen vigentes. Alguien tiene que asumir la responsabilidad y seguramente no son los ciudadanos.
Aún más: La toma de la Fiscalía por los Colectivos de las madres buscadoras, entre ellos el Colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, marca el termómetro y el estado de ánimo, que existe en las familias y víctimas de las personas desaparecidas.
Los gritos y las exigencias que ayer escuchamos por las calles de San Luis Potosí y en la Fiscalía de Justicia, es el rojo vivo de la desesperación y que las autoridades se encargaron de alimentar con su burocracia judicial, su apatía por alimentar la impunidad y el grado de complicidad para no llegar al fondo de los hechos y las búsquedas.
Por eso, los Colectivos hasta corrieron simbólicamente a empujones, a los agentes de la Fiscalía, porque a pesar de las presiones que ellas hicieron, también recibieron golpes, como si la delincuencia y la vida, no las hubieran herido de muerte, en un ambiente, donde se presume seguridad… una seguridad simulada.
