San Luis Potosí.- Un juez de distrito ordenó restituir el bono de estímulo social y de riesgo operativo a un elemento de la Guardia Civil Estatal (GCE) después de que se le fuera retirado de manera arbitraria.
La resolución considera que la suspensión del bono vulnera derechos adquiridos del servidor público y contraviene principios constitucionales.
El juez de distrito emitió una resolución que obliga a la autoridad responsable a reinstaurar el pago del estímulo económico al elemento afectado.
El fallo sienta un precedente para otros integrantes de corporaciones de seguridad pública en el estado y el país.
Se destaca que el elemento afectado podrá recuperar de manera retroactiva el monto correspondiente al bono que se le dejó de pagar. Especialistas en derecho laboral destacan que los beneficios laborales otorgados a servidores públicos no pueden ser modificados de forma unilateral.
La resolución es relevante en un contexto donde corporaciones policiacas han denunciado recortes a estímulos sin previo aviso ni fundamento jurídico.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de policías han celebrado la resolución como un avance hacia el reconocimiento de los derechos laborales de quienes integran las fuerzas del orden.
