Ciudad de México.- La Cámara de Diputados discutirá este martes una polémica reforma a la Ley de la Guardia Nacional que abre la puerta para que elementos militares puedan desempeñar cargos de elección popular o ser designados directamente en puestos civiles dentro de cualquiera de los tres órdenes de gobierno, todo ello por decisión directa del Presidente de la República.
La iniciativa, que será sometida a votación durante el segundo día del periodo extraordinario legislativo, ha encendido las alertas de la oposición, particularmente de Movimiento Ciudadano. Su coordinadora en San Lázaro, Ivonne Ortega Pacheco, advirtió que la redacción del dictamen genera una laguna legal peligrosa, ya que no se especifica si los militares deben participar en un proceso electoral o pueden ser directamente nombrados.
“Esto es gravísimo. La reforma no dice que van a competir, dice que podrán desempeñar cargos de elección popular. Eso abre la posibilidad de designaciones directas: gobernador, diputado, senador, hasta un ministro del Poder Judicial. Así como está redactado, el Presidente podría enviar a un general como titular de Pemex, de la CFE o incluso a la Presidencia de la República sin pasar por el voto ciudadano”, sostuvo Ortega.
La reforma plantea la creación de una “licencia especial” que se suma a las ya existentes, las cuales permiten a los elementos de la Guardia Nacional separarse de su cargo por periodos de seis meses a tres años. Esta nueva licencia, sin embargo, habilita a los militares a dejar sus funciones para:
• Desempeñar cargos de elección popular.
• Asumir puestos civiles por designación del Presidente.
• Ocupar cargos en gobiernos estatales, municipales, organismos públicos, descentralizados o empresas del Estado.
El dictamen establece que la autorización de estas licencias recaerá exclusivamente en el titular del Ejecutivo federal y en la Secretaría correspondiente, y que, una vez concluida la encomienda, el militar podrá reincorporarse a su función dentro de la Guardia Nacional.
Incluso en los casos donde no se fije un plazo específico para el encargo, la licencia se considerará terminada al concluir el sexenio presidencial que la autorizó. Posteriormente, el militar quedará a disposición de la Secretaría para una nueva asignación.
Para la oposición, esta redacción erosiona el principio civil del servicio público y abre un peligroso canal de militarización política. Ortega Pacheco reiteró: “Es una amenaza a la democracia. Se está construyendo un marco legal para que los mandos militares no solo se encarguen de la seguridad, sino que controlen cargos públicos y políticos sin someterse al voto ciudadano”.
La discusión de esta reforma podría marcar un precedente histórico en el equilibrio entre las Fuerzas Armadas y el poder civil, en un contexto donde el rol del Ejército ya ha sido fuertemente ampliado durante los últimos sexenios.
