San Luis Potosí.- Este miércoles se cumplieron quince años de que el Juzgado Tercero Penal de San Luis Potosí libró una orden de aprehensión contra el exsacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de violación, abuso sexual calificado y privación ilegal de la libertad. Quince años de evasión, de silencio institucional y de una justicia ausente. A la fecha, Córdova sigue prófugo. La impunidad, intacta.
La misma Organización “Ciudadanos Observando”, recordó hoy a su propio estilo, una cascada de “observaciones” sobre este caso y señala que desde entonces, cuatro fiscales han pasado por la Fiscalía estatal sin que ninguno haya logrado —o querido— llevar al ex religioso ante un juez. Miguel Ángel García Covarrubias, en el sexenio de Fernando Toranzo Fernández; Federico Garza Herrera, durante el gobierno de Juan Manuel Carreras; José Luis Ruíz Contreras; y ahora Manuela García Cázares, en el actual mandato de Ricardo Gallardo Cardona. Cuatro nombres distintos, un mismo resultado: inacción.
La pregunta es inevitable: ¿incapacidad o complicidad?, se cuestiona Ciudadanos Observando.
El expediente Córdova parece estar blindado por una red de protección política, social y eclesiástica.
No era un personaje menor: se movía con soltura en círculos de poder, cultivó relaciones con empresarios influyentes y fue nombrado consejero ciudadano de Transparencia y Vigilancia en la administración del entonces gobernador Fernando Toranzo Fernández, con quien mantenía una relación cercana, al igual que con su esposa, la doctora María Luisa Ramos.
La Interpol lo busca y los expedientes están abiertos. Las víctimas han hablado, muchas con nombres y rostro. Pero las fiscalías se reciclan, se excusan y se desgastan sin avances tangibles. Mientras tanto, Córdova Bautista parece haberse desvanecido. Su ausencia física contrasta con su presencia persistente en la vida de quienes lo acusan, quienes siguen esperando justicia.
La maquinaria judicial ha demostrado eficacia para castigar a enemigos del poder, pero frente a este caso —sustentado en pruebas, testimonios y documentación pública— la respuesta ha sido el silencio, la indiferencia, la parálisis.
Quince años después, no solo sigue libre un presunto agresor con múltiples denuncias, sino que también persiste el abandono hacia las víctimas, quienes han sido violentadas dos veces: primero por su agresor, y luego por un sistema que no supo, o no quiso, protegerlas.
Porque el caso Eduardo Córdova, no es solo la historia de un individuo que eludió la justicia. Es también el retrato crudo de cómo las instituciones pueden traicionar a quienes más las necesitan.
Antecedentes y red de poder
Las primeras denuncias contra Córdova datan de 1983, cuando aún no había ingresado al Seminario Mayor. Una de sus víctimas, un adolescente de 14 años, lo acusó de abuso sexual en un colegio marista, donde laboraba como tutor.
A pesar del señalamiento, el clero lo protegió, y en 1988 fue ordenado sacerdote, saltándose requisitos básicos como estudios filosóficos.
Convertido en un personaje influyente, fue cercano a la élite potosina, impartiendo primeras comuniones y bodas a miembros prominentes de la sociedad.
Su poder institucional se reflejó en nombramientos oficiales: consejero de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (1997‑2001), miembro del Consejo de Transparencia estatal (2010‑2013) y monitor ciudadano municipal (2013).
Así se consolidó como “el cura preferido de la élite”, voz influyente en decisiones públicas.
La complicidad institucional fue evidente.
La arquidiócesis reconoció internamente los abusos desde 2004, gracias a cartas firmadas por padres de familia, pero solo lo apartó de su parroquia para reasignarlo —sin denunciar públicamente ni a las autoridades civiles— hasta 2006.
En 2008, un fallo eclesiástico lo absolvió; en 2014, tras una nueva investigación, el Vaticano lo suspendió definitivamente y lo expulsó del clero, pero para ese entonces, Córdova ya había huido.
Ese mismo año, más de 19 denuncias se hicieron públicas y la Interpol giró una ficha roja que permanece vigente. Desde entonces, cuatro fiscales —Miguel Ángel García Covarrubias, Federico Garza Herrera, José Luis Ruiz Contreras y Manuela García Cázares— han mostrado nula capacidad para avanzar en su localización .
El contraste es brutal: mientras instituciones han actuado con rapidez contra adversarios o casos menores, cuando se trata de este perfil de poder, la respuesta ha sido el silencio, la dilación y la pasividad .
El expediente está sustentado en testimonios claros, pruebas documentales y denuncias públicas, pero la misma justicia que actúa con eficiencia ante débiles, conspira para proteger a los poderosos.
