Fecha: 10 / 07 / 2025
Hora: 07:43 AM

SEGE: la acusan de discriminar a maestra por su orientación sexual

Por: Río19 / Redacción el 04/07/25
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San Luis Potosí.— Una grave denuncia por discriminación y acoso laboral por orientación sexual ha sacudido a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), luego de que la maestra María del Carmen Hernández Ortiz acusara públicamente al supervisor de la zona 127 de primaria, José Luis Castillo Barrientos, de hostigamiento sistemático y represalias dentro del sistema educativo.

“No me quieren por cómo soy, no por cómo trabajo”, denuncia docente frente a la inacción del secretario José Luis Castillo

Acompañada por su abogada Xóchilt Tolentino, su pareja Dulce Flores y miembros de la comunidad LGBTIQ+, la docente relató un clima de intolerancia, abuso de poder e impunidad, tolerado por el actual titular de la SEGE, José Luis Castillo, quien —lejos de investigar a fondo— ha permitido el desplazamiento y marginación profesional de la maestra, víctima de discriminación desde octubre de 2023.

“No me quieren por cómo soy, no por cómo trabajo”, dijo con firmeza la maestra, quien reveló que el acoso inició tras ocupar una promoción temporal como Asesora Técnico Pedagógica (ATP), donde el supervisor mostró abiertamente su rechazo a su orientación sexual, la aisló en reuniones y emitió comentarios despectivos frente a otros directivos.

Cuando su comisión terminó en julio de 2024, la SEGE —siguiendo versiones del propio supervisor— le negó el retorno a su grupo, alegando falsamente falta de espacios, lo que fue desmentido mediante solicitudes de información. Aún así, la dependencia educativa no corrigió ni sancionó el abuso, sino que la reubicó a una zona alejada y de difícil acceso, como represalia encubierta.

Una estructura institucional que castiga la diferencia

Pese a que se han presentado denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos, y se cuentan con medidas de protección vigentes, la respuesta institucional ha sido nula o insuficiente. “Hay protección para el agresor”, denunció la abogada Tolentino, quien además advirtió que este caso refleja una violencia institucional estructural dentro del sistema educativo estatal.

Las frases que le repetían desde la SEGE y el sindicato, “el supervisor no te quiere” o “algo le hiciste”, evidencian una cultura de revictimización y complicidad, donde las agresiones son minimizadas o justificadas con prejuicios.

“Yo no me visto como él espera. No encajo en su idea de ‘feminidad’ y eso es lo que le molesta. Lo personalizó desde el inicio”, declaró la maestra. Además, se reveló que el mismo supervisor ha emitido oficios en contra de la docente por acudir a instancias legales, intentando frenar incluso su derecho a la defensa.

¿Dónde está el secretario José Luis Castillo?

Hasta ahora, el secretario de Educación, José Luis Castillo Barrientos, no ha dado la cara ni fijado una postura clara, pese a que el caso involucra a un funcionario bajo su línea directa y a quien —según testimonios— protege.

Activistas y personas de la comunidad LGBTIQ+ llamaron a la Fiscalía, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al propio Gobierno de Tamaulipas a tomar cartas en el asunto. “Este caso debe marcar un precedente. No se puede permitir que la intolerancia tenga poder de decisión sobre la carrera profesional de nadie”, dijeron.

La abogada Tolentino fue contundente: “Esto es reflejo de una estructura patriarcal, jerárquica y sorda, donde los sindicatos han dejado de representar al trabajador y las comisiones de género son de papel”.

Derechos humanos que no se negocian

“Este es un llamado no sólo por Carmen, sino por todas las docentes, trabajadoras y personas de la comunidad que han callado por miedo”, concluyó Dulce Flores.

Mientras tanto, la maestra María del Carmen sigue sin regresar a su escuela, exiliada de su espacio laboral por una estructura institucional que ha decidido castigarla por ser quien es, y no por su trabajo.

La comunidad y su defensa legal han prometido no callar hasta que la SEGE repare el daño, y el responsable enfrente consecuencias, no sólo administrativas, sino también legales y penales por incurrir en actos de discriminación, que son delito según la legislación mexicana.

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