San Luis Potosí.— Cansados de la espera y la incertidumbre, cerca de dos mil jubilados y pensionados del Poder Judicial del Estado salieron a las calles este lunes, exigiendo una audiencia inmediata con el magistrado presidente Arturo Morales Silva. Su demanda: el pago retroactivo del incremento salarial de 2024, una promesa incumplida que, afirman, les es negada a pesar de ser un derecho.
Frente a la estatua de Benito Juárez, las consignas eran claras y cargadas de frustración: «¡No a las violaciones a nuestros derechos de adulto mayor!», «Movilidad en la nómina ya, los jubilados dependemos de ello», «Urge la aplicación del aumento 2.1 por ciento». Estos mensajes reflejan el profundo hartazgo de quienes, tras décadas de servicio al sistema de justicia, se enfrentan ahora a la precarización económica y a lo que consideran una flagrante desatención institucional.
Los representantes de los jubilados como Ana Morales, señalan que el fondo de la injusticia es que mientras los trabajadores activos ya gozan de un aumento salarial del 2.1% retroactivo a enero de 2024, a los pensionados se les ha negado este beneficio. «Los trabajadores activos ya tienen ese incremento, pero nosotros, que dimos décadas de nuestra vida al Poder Judicial, seguimos esperando. No pedimos más que lo que nos corresponde», sentenció.
La situación es crítica: la mayoría de los afectados son personas en condiciones de vulnerabilidad, dependientes exclusivamente de su pensión mensual para afrontar enfermedades crónico-degenerativas y los gastos diarios, a diferencia de los activos, que cuentan con otras prestaciones e ingresos adicionales.
