San Luis Potosí.- La organización Ciudadanos Observando ha destapado un nuevo y grave caso de corrupción en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, señalando un patrón de compras con sobreprecio a proveedores cuestionables.
ONG Acusa al Gobierno de Galindo de Desviar Más de 111 mil Pesos
Con pruebas documentales, la ONG denuncia un desvío que supera los 111 mil pesos en una sola adquisición, lo que pone en entredicho el manejo de los recursos bajo la administración del alcalde Enrique Galindo.
Según la investigación de la organización, en junio pasado, la Dirección de Comunicación Social, a cargo de Eduardo Marceleño Alonso, pagó la exorbitante cifra de 368 mil 880 pesos por tres videocámaras Sony PXW-Z200 a un proveedor identificado como Julio César Ramírez García. El precio unitario, de 122 mil 960 pesos, resultó ser un sobrecosto descarado.
Para demostrar el daño al erario, Ciudadanos Observando solicitó cotizaciones a distribuidores autorizados de la marca.
Los resultados fueron contundentes:
Color Cassettes: Ofreció el mismo modelo en 85 mil 795 pesos.
Viewhaus: Cotizó la cámara en 86 mil 789 pesos.
Vyorsa: Su precio fue de 96 mil 236 pesos.
De haberse elegido la opción más económica, el Ayuntamiento habría gastado 257 mil 359 pesos, lo que confirma un sobreprecio de 111 mil 521 pesos. Este gasto excesivo, lejos de ser un hecho aislado, se integra a un patrón de irregularidades en las compras y adquisiciones municipales.
La ONG señala que esta adquisición fue avalada por el Oficial Mayor Salvador Moreno.
Además, acusan a la contralora Gabriela López de encubrimiento sistemático, ya que, según la organización, su inacción ha permitido la reiteración de compras con precios inflados y el uso de proveedores fantasmagóricos.
La investigación de Ciudadanos Observando revela que Julio César Ramírez García ha recibido múltiples pagos de la administración municipal desde 2024, no solo por equipo especializado como videocámaras, sino también por artículos tan dispares como bolsas de detergente y almohadillas de béisbol, evidenciando un manejo opaco y cuestionable de las finanzas públicas.
Las acusaciones contra la administración de Galindo no terminan ahí. La ONG también señala el presunto uso de recursos públicos para financiar perfiles en redes sociales que operan como «medios de comunicación», cuya única función es atacar y calumniar a periodistas y organizaciones que, como Ciudadanos Observando, denuncian estos abusos.
