El caso de la periodista potosina Anahí Torres no es un hecho aislado. Es un síntoma.
Un recordatorio de cómo el poder político, cuando se siente exhibido, todavía reacciona con amenazas, miedo y balas.
Torres denunció haber sido interceptada por cuatro hombres armados tras publicar una investigación sobre una presunta red de espionaje estatal en San Luis Potosí, una estructura que, según sus reportajes, involucra a funcionarios cercanos al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
El atentado ocurrió apenas unas horas después de que las notas circularan con fuerza en redes sociales. Coincidencia o mensaje, el patrón se repite: los periodistas que tocan al poder terminan señalados, hostigados o perseguidos.
Durante la conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum prometió revisar el caso, instruyendo a la Subsecretaría de Derechos Humanos a valorar medidas de protección.
Sin embargo, la historia enseña que entre la promesa y la acción suele haber una distancia donde la impunidad se acomoda.
El discurso del nuevo gobierno federal insiste en que “ya no se persigue a nadie”, pero en los estados aliados de la 4T, la realidad muestra un espejo distinto: periodistas bajo amenaza, jueces desplazados y empresarios amedrentados.
En San Luis Potosí, el miedo es política de Estado y la censura, una herramienta de control.
Gallardo, con su estilo bravucón y populista, parece creer que el Estado se gobierna como una finca familiar.
Los límites institucionales le estorban, y la crítica periodística le irrita.
Esa combinación —poder sin contrapeso y ego sin medida— es el caldo perfecto para los abusos.
Torres, junto a los reporteros Carlos Domínguez y Omar Niño, ha denunciado amenazas, acoso judicial y campañas de difamación digital.
Aun así, siguen informando.
Esa valentía —que no debería ser necesaria— es lo que mantiene viva la libertad de expresión en regiones donde la ley se aplica según conveniencia.
Mientras tanto, el silencio institucional se convierte en complicidad.
Porque en este país, cuando el poder no protege a los periodistas, protege a sus agresores.
Y el silencio de la autoridad vale tanto como la bala que calla.
La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad —y la obligación— de romper con esa inercia.
No basta con escuchar, hay que actuar.
De lo contrario, cada nueva agresión será otro capítulo de esa vieja historia mexicana donde el poder siempre se absuelve a sí mismo.
