San Luis Potosí.- El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE 2025) revela un rezago de más de 48 mil carpetas de investigación sin concluir al cierre de 2024.
El reporte del INEGI muestra que la Fiscalía estatal inició 58 mil 740 carpetas, pero 48 mil 025 siguen pendientes de resolución, lo que equivale a más del 80 por ciento del total.
De esa cifra, solo 12 mil 269 carpetas cuentan con personas imputadas, mientras que 46 mil 472 permanecen sin identificar responsables, un reflejo del profundo déficit investigativo.
El documento oficial confirma que en San Luis Potosí se registró el mismo número de delitos denunciados que carpetas abiertas: 58 mil 740.
Los ilícitos más comunes fueron robo, violencia familiar, lesiones, daño a la propiedad, amenazas, delitos contra la salud, fraude, homicidio y abuso sexual.
El diagnóstico exhibe además una realidad cruda: 792 víctimas por homicidio y feminicidio durante el año, de las cuales 444 fueron asesinatos dolosos, 333 culposos y 15 feminicidios.
En total, las carpetas de investigación agrupan 63 mil 660 personas imputadas, entre físicas y morales, aunque buena parte carece de plena identificación.
De ellas, 60 mil 363 corresponden a personas físicas, pero 9 mil 585 aparecen como “no identificadas”, lo que impide avanzar en la judicialización de los casos.
El censo también advierte que solo 4 mil 882 imputados recibieron formulación de imputación, y apenas 4 mil 950 fueron vinculados a proceso, es decir, menos del 10 por ciento.
En contraste, 195 personas fueron imputadas pero no vinculadas, lo que sugiere una alarmante debilidad en la integración de los expedientes ministeriales.
El informe detalla además 1 mil 440 órdenes judiciales pendientes de cumplimiento, lo que agrava el rezago operativo en materia de ejecución penal.
A pesar de estos números, la Fiscalía potosina mantiene opacidad en sus reportes internos y falta de rendición de cuentas pública, a diferencia de otras entidades.
El CNPJE 2025 exhibe así una institución saturada, lenta y sin resultados, donde la mayoría de las denuncias no avanzan, no concluyen y no se castigan.
San Luis Potosí se ubica entre las fiscalías con mayor rezago procesal del país, mientras la impunidad continúa siendo la norma y no la excepción.
El informe 2024 del Censo Nacional de Procuración de Justicia (CNPJE/CNPJF) revela que San Luis Potosí no compartió ciertos datos clave correspondientes al personal de la Fiscalía estatal. 
A nivel nacional, el reporte detalla que todas las fiscalías estatales manejan miles de carpetas de investigación abiertas, con una proporción muy pequeña que llega a proceso judicial. 
En el apartado de estructura institucional, el documento señala que en SLP no se reportó información sobre fiscales, agentes, peritos o personal investigador adscrito a la Fiscalía estatal.
