Ciudad de México.– La periodista potosina Anahí Torres denunció un atentado armado ocurrido el 2 de octubre, tras revelar una presunta red de espionaje estatal.
La medida de intimidación se generó tras investigar espionaje el gobierno de Ricardo Gallardo
Torres afirmó que cuatro hombres con armas largas la interceptaron afuera de su oficina, amenazándola junto a los reporteros Omar Niño y Carlos Domínguez.
La comunicadora aseguró que el ataque ocurrió horas después de publicar reportajes que incomodaron al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a su secretario de Gobierno.
Durante la conferencia presidencial, Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el caso y valorar medidas de protección para la periodista y sus colegas.
Sheinbaum instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Félix Medina, a dar seguimiento inmediato a las denuncias presentadas contra autoridades de San Luis Potosí.
“Mi caso no es aislado; periodistas, ambientalistas y ciudadanos vivimos bajo intimidación y censura”, expresó Torres ante la mandataria federal.
Recordó que en mayo pasado entregó una carta a Sheinbaum con denuncias por hostigamiento y espionaje sistemático contra comunicadores locales.
La periodista utiliza sus redes sociales para difundir investigaciones sobre corrupción política, manipulación presupuestal y presiones al Poder Judicial potosino, entre otros temas.
Su compañero Carlos Domínguez denunció persecución judicial y amenazas de muerte atribuidas a funcionarios estatales y a un empresario identificado como “Francisco N”.
“Fui demandado por un empresario ligado al gobernador; desde perfiles falsos me envían mensajes intimidatorios”, relató Domínguez en redes sociales.
Por su parte, Omar Niño aseguró que las denuncias forman parte de un ataque directo contra la libertad de prensa en San Luis Potosí.
“Defenderemos la libertad de expresión, incluso con la vida si es necesario”, escribió el periodista en su cuenta de X (antes Twitter).
Los tres comunicadores han señalado que el gobierno potosino mantiene una estrategia de acoso político y judicial contra voces críticas del actual régimen estatal.
El caso se suma a una creciente lista de agresiones contra periodistas en el país, especialmente en entidades gobernadas por partidos aliados a Morena.
