San Luis Potosí.- Las comisiones unidas del Congreso de San Luis Potosí desecharon por improcedente la propuesta para crear una comisión especial que investigara el Fondo de Capitalización Social del Magisterio Potosino.
El dictamen cumple una sentencia federal que ordenaba emitir una resolución más robusta sobre aquella iniciativa presentada en la Legislatura anterior.
El diputado Carlos Arreola explicó que el Tribunal Colegiado exigió un nuevo análisis, luego de que el desechamiento previo fuera impugnado legalmente.
Las comisiones concluyeron que el Congreso carece de atribuciones para citar al Comité Técnico del FOPRESyR26, por no ser servidores públicos.
Argumentaron también que la fiscalización de cuentas públicas recae exclusivamente en el Instituto de Fiscalización Superior, no en el Poder Legislativo.
Además, señalaron que la propuesta otorgaba facultades para perseguir delitos y auditar un fondo privado, tareas que el Congreso no puede ejercer.
Indicaron que incluir un bono de calidad de vida en el presupuesto excede las competencias de la comisión solicitada inicialmente por la Legislatura pasada.
Arreola afirmó que perseguir o castigar a particulares sería “gravísimo”, justificando que la mayoría optara nuevamente por desechar la iniciativa.
Sostuvo que las comisiones acataron estrictamente la sentencia y notificarán de inmediato al juez federal para evitar incumplimientos institucionales.
El dictamen será enviado al Pleno del Congreso para su votación final, cerrando temporalmente la vía para investigar el fondo magisterial potosino.
