Ciudad de México. Seis protagonistas de los cambios que fueron nombrando, denunciando e intentando castigar a la violencia contra las mujeres hablan del significado que para México tuvieron el Año Internacional de la Mujer en 1975 y la Conferencia Mundial de Beijing en 1995.
Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, Mireya Toto Gutiérrez sostiene que, como movimiento social, el feminismo mexicano se fue abriendo camino y nutriéndose de lo que hacían las estadunidenses y europeas, aprendiendo la importancia de trabajar juntas y que “los problemas que teníamos no se iban a solucionar si no había movilización y articulación de los diferentes esfuerzos”.
Pensamiento y acción feminista caracterizan a las impulsoras de las leyes de vanguardia que en México han ido visibilizando las violencias normalizadas, como Patricia Olamendi, quien como diputada federal fue una de las impulsoras de la ley que, en 1989, castigaba la violación agravada, en medio de un debate en el que se habla de la necesidad de creer en la palabra de la mujer, dando paso a las agencias especializadas en delitos sexuales.
Para Olamendi, la Conferencia Mundial de 1975, realizada en el entonces Distrito Federal, resulta crucial porque, como bienvenida, ocurren dos reformas que “son una gran aportación y siguen hasta la fecha siendo trascendentales: la del artículo Cuarto Constitucional que plantea el principio de igualdad entre hombres y mujeres, fundamento para toda la política pública que se ha generado, y el derecho de decidir de manera libre y con conocimiento sobre tu maternidad”.
La periodista Sara Lovera, pionera en México de la cobertura de la información con perspectiva de género, es decir, asumiendo las desigualdades estructurales, sociales y culturales que atraviesan las vidas de las mujeres, fue testigo de aquella cumbre.
Cronista de este medio siglo de batallas feministas, relata que entonces “en todo el mundo pensábamos que el extremo de la violencia era la violación sexual. Apenas empezábamos a conocer el fenómeno. Y supimos que la violación no era una cuestión pasional sino un problema político, un acto de poder para controlar a las mujeres como ‘arma de guerra’”.
Silvia Hernández Enríquez era una joven diputada federal suplente del PRI. “El tema de la violencia no era sobresaliente. Se implicaba en la denuncia de la desigualdad ante los derechos patrimoniales, la insuficiencia educativa y en el campo de la salud”, reseña.
Exsenadora de la República y exsecretaria de Turismo, plantea que el tema de la violencia surgió como asunto independiente y poderoso, después de la Conferencia de Beijing, a la que ella asistió presidiendo la Delegación de México.
Otra pionera desde la defensa de la salud y los derechos reproductivos es Esther Corona-Vargas, psicóloga clínica que en 1975 asistió como representante de la Asociación Mexicana de Educación Sexual, quien enfatiza que entonces se hablaba de violencia doméstica, pero todavía no sobre violencia contra las mujeres y mucho menos sobre violencia de género, una categoría que se acuñaría más tarde.
Para Dulce María Sauri, primera titular de un mecanismo gubernamental para atender la agenda de las desigualdades de género, en Beijing la principal aportación fue reconocer que la violencia contra las mujeres no es natural y fue un parteaguas para México. “En 1999, se presentó el primer programa dedicado a combatir la violencia contra las mujeres; se promulgó la Ley de Igualdad en 2006 y en 2007 la primera Ley para combatir la violencia contra las mujeres y establecer su derecho a una vida libre de violencias. Beijing potenció el camino, sensibilizó a la sociedad y dio más elementos a las organizaciones feministas para avanzar”.
