El CEEPAC decidió caminar con los ojos cerrados y la cabeza agachada, al impulsar una reforma electoral diseñada fuera de sus oficinas y pensada para satisfacer al poder.
No fue una iniciativa técnica ni un debate democrático: fue un encargo político para imponer una candidatura única femenina bajo el disfraz oportunista de paridad constitucional.
El objetivo real era evidente: preparar el terreno jurídico para que la esposa del gobernador fuera candidata sin obstáculos, blindando el proceso frente a futuras impugnaciones legales.
Para lograrlo, los consejeros electorales aceptaron pisotear la Constitución, ignorar precedentes judiciales y reducir su autonomía a un trámite administrativo al servicio del Ejecutivo estatal.
El Congreso solo debía formalizar el atropello, darle apariencia de legalidad y cerrar filas en torno a un diseño autoritario que muchos vieron, pero pocos se atrevieron a cuestionar.
El silencio institucional se rompió desde fuera: la presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigente nacional de Morena reprocharon la reforma y anunciaron su inconstitucionalidad inevitable.
Esa presión nacional exhibió el montaje local y dejó al CEEPAC en una posición incómoda, desnudo políticamente, sin argumentos jurídicos sólidos para sostener la reforma.
Paradójicamente, el propio gobernador terminó por frenar su criatura, al vetar la llamada “Ley Esposa” y reconocer públicamente que la paridad no puede violar derechos constitucionales.
Gallardo sostuvo que no está en contra de la igualdad de género, pero que ninguna reforma electoral debe imponerse por consigna ni construirse sobre bases inconstitucionales.
Con el veto, el tablero se reacomoda: hombres y mujeres podrán competir, como dicta la ley, y los partidos decidirán sin imposiciones artificiales ni simulaciones jurídicas.
El resultado es demoledor para el CEEPAC: quedó como operador dócil, innecesario incluso para su propio impulsor, y convertido en ejemplo de cómo no debe actuar una autoridad electoral.
Y aun así, el desenlace es claro: la senadora Ruth podrá buscar la gubernatura sin atajos legales, con el respaldo de resultados gubernamentales, y ya sin disfraces constitucionales.
