Fecha: 04 / 06 / 2026
Hora: 06:37 AM

Congreso amplía facultades en investigación penal

Por: Río19 / Redacción el 24/02/26
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San Luis Potosí.- El Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 122 TER de la Constitución de San Luis Potosí para permitir que corporaciones de seguridad participen formalmente en la investigación de delitos.

El diputado local del Partido Acción Nacional, Rubén Guajardo, impulsó la modificación con el argumento de armonizar la legislación estatal con la reforma constitucional federal aprobada a finales de 2024.

Dicha reforma federal estableció que la investigación criminal ya no corresponde de manera exclusiva al Ministerio Público, sino que pueden intervenir instancias de seguridad en el ámbito de sus competencias.

Entre ellas se incluyen la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Guardia Nacional y las policías, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público, que mantiene la titularidad de la acción penal.

El ajuste normativo busca fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública mediante mayor coordinación institucional en las etapas de prevención, investigación y persecución de delitos.

La discusión legislativa se da en un contexto donde, según cifras oficiales, alrededor del 92 por ciento de los delitos en México permanecen en la impunidad, reflejando rezagos en procuración de justicia.

A ello se suma una carga considerable de carpetas de investigación abiertas y pendientes de resolución, lo que ha generado presión operativa sobre las fiscalías estatales.

En el caso de San Luis Potosí, el artículo 122 TER atribuía exclusivamente al Ministerio Público la investigación de delitos del fuero común, por lo que la reforma incorpora a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Civil Estatal y policías municipales.

La modificación precisa que estas corporaciones podrán intervenir en tareas de investigación sin alterar la facultad exclusiva del Ministerio Público para ejercer acción penal ante los tribunales.

Con esta reforma, el Congreso estatal alinea su marco constitucional al federal y busca fortalecer la capacidad operativa del sistema penal frente a la alta incidencia delictiva y los niveles de impunidad.

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