San Luis Potosí.- Una fotografía presuntamente creada con inteligencia artificial detonó una controversia política y judicial que hoy coloca a San Luis Potosí bajo escrutinio nacional.
La imagen mostraba a la senadora Ruth González Silva junto al gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya, vinculado recientemente a señalamientos difundidos desde Estados Unidos.
La legisladora consideró que el contenido buscaba afectar su reputación pública y emprendió acciones legales apoyada en recientes reformas penales estatales.
El caso abrió un intenso debate sobre los límites entre la protección de la imagen personal y el ejercicio de la libertad de expresión.
González Silva, integrante del Partido Verde y figura mencionada rumbo a la sucesión gubernamental de 2027, promovió denuncias contra comunicadoras locales.
Las acciones legales derivaron en procesos penales contra Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, responsables del portal informativo Despertar San Luis 3.0.
La aplicación de la llamada Ley Serrano colocó al gobierno potosino bajo observación de organismos defensores de periodistas y derechos fundamentales.
Ambas comunicadoras permanecieron sujetas a proceso hasta obtener recientemente su libertad mediante una suspensión condicional autorizada por autoridades judiciales.
La Fiscalía General del Estado evitó revelar públicamente la identidad de quien promovió la denuncia que originó el procedimiento penal.
No obstante, documentos del expediente consultados por diversos medios identifican directamente a la senadora Ruth González como denunciante del caso.
Hasta ahora, ni la legisladora ni su equipo de comunicación han emitido una postura amplia sobre las críticas generadas.
Periodistas locales han señalado que existirían otros procedimientos impulsados contra comunicadores que han mantenido una línea crítica hacia autoridades estatales.
La denuncia fue presentada formalmente el ocho de mayo ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.
En ella se argumenta la posible comisión de delitos contra la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad.
El fundamento jurídico se encuentra en disposiciones incorporadas al Código Penal durante la reforma aprobada por el Congreso estatal.
Dicha legislación contempla sanciones para quienes utilicen herramientas de inteligencia artificial para recrear identidades sin autorización expresa de las personas afectadas.
Las penas previstas incluyen prisión para quienes generen o difundan contenidos digitales que simulen imagen, voz o características personales de terceros.
Según el expediente, la imagen cuestionada comenzó a circular entre finales de abril y principios de mayo en redes sociales.
La publicación apareció poco después de conocerse información relacionada con investigaciones internacionales dirigidas contra el gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya.
La senadora sostiene que nunca participó en una fotografía con el mandatario y calificó el contenido como totalmente falso.
Además, afirmó que la publicación buscó desacreditar su imagen pública mediante asociaciones políticas construidas a partir de información manipulada.
En la denuncia también argumentó que el contenido difundido no puede considerarse ejercicio periodístico, parodia, crítica política ni creación artística protegida.
Para la legisladora, el objetivo principal de la publicación habría sido afectar su reputación y provocar daños morales y personales.
La Fiscalía desarrolló diversas diligencias, incluyendo revisiones digitales abiertas y entrevistas para identificar a las personas responsables de administrar el portal.
Una testigo aportó información sobre la operación de las plataformas digitales, elemento que permitió orientar las investigaciones hacia las comunicadoras involucradas.
Mientras tanto, organizaciones como Artículo 19 han advertido que la aplicación de esta legislación genera riesgos para el periodismo crítico.
La agrupación considera que las reformas pueden convertirse en mecanismos de presión judicial capaces de inhibir la libertad de expresión.
La polémica también motivó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promoviera una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Actualmente, el máximo tribunal del país mantiene pendiente el análisis de una reforma que continúa provocando preocupación entre periodistas y defensores de derechos.
