San Luis Potosí.- Tras la movilización realizada frente al Congreso del Estado contra la denominada Ley Serrano, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona restó dimensión al movimiento y lo calificó como una manifestación de carácter local.
La protesta reunió a representantes de medios de comunicación, activistas y diversos sectores sociales que expresaron su rechazo a la iniciativa impulsada en el Poder Legislativo.
Cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal evitó profundizar en las demandas planteadas por los manifestantes y aseguró que no pretende involucrarse en confrontaciones políticas.
Gallardo sostuvo que no emitirá opiniones sobre la controversia legislativa, al considerar que hacerlo implicaría participar en disputas partidistas ajenas a su administración.
Además, atribuyó los cuestionamientos realizados por la prensa sobre la protesta a intereses vinculados con el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos.
Durante su encuentro con reporteros, el gobernador afirmó que no caerá en provocaciones políticas y rechazó intervenir en el debate generado por la inconformidad ciudadana.
Más tarde, durante un evento relacionado con programas sociales, reiteró sus críticas hacia el gobierno municipal y señaló que existe una confrontación promovida contra legisladores potosinos.
El mandatario aprovechó el acto público para insistir en que las diferencias políticas no deben distraer la atención de los programas y acciones gubernamentales.
En otro tema, anunció que su administración enviará al Congreso del Estado dos iniciativas enfocadas en apoyar a sectores vulnerables de la población.
La primera propuesta contempla que el Gobierno estatal asuma el pago del servicio de agua potable para personas adultas mayores que cumplan determinados requisitos.
La segunda iniciativa busca establecer que los usuarios que no reciban el suministro de agua potable de manera adecuada no estén obligados a cubrir el cobro correspondiente.
Gallardo sostuvo que ambas medidas pretenden fortalecer la protección social y garantizar condiciones más justas para quienes enfrentan dificultades económicas o deficiencias en los servicios públicos.
