San Luis Potosí.- Lejos de disminuir la confrontación con medios de comunicación, el diputado Héctor Serrano Cortés anunció que ampliará las acciones legales emprendidas contra el periodista Juan Pablo Moreno.
El legislador confirmó que mantendrá vigente la denuncia penal presentada previamente y que, además, promoverá un nuevo procedimiento por la vía civil.
La decisión fue interpretada por diversos sectores como una escalada en el conflicto que mantiene con el comunicador, al sumar un segundo frente judicial.
Durante declaraciones públicas, Serrano defendió su postura argumentando una presunta afectación a sus derechos, descartando cualquier posibilidad de retirar las acciones emprendidas.
El diputado también rechazó separarse temporalmente de su cargo para enfrentar el litigio fuera del ámbito institucional y sin las prerrogativas inherentes a su investidura.
Cuestionado sobre la conveniencia ética de solicitar licencia mientras se desarrolla el proceso, respondió de manera negativa y reiteró su decisión de permanecer en funciones.
La postura generó críticas debido a que el legislador continuará litigando desde una posición de poder político mientras sostiene el conflicto legal.
Diversas voces consideran que la permanencia en el cargo envía una señal contradictoria respecto a la imparcialidad y equidad que deberían prevalecer en este tipo de controversias.
La ampliación de las demandas también fue interpretada como un incremento en la presión jurídica contra quien ejerce labores informativas y de opinión.
Organizaciones y actores vinculados al ámbito periodístico han señalado que la judicialización de conflictos relacionados con publicaciones puede generar efectos inhibitorios sobre la libertad de expresión.
El caso ha provocado un intenso debate en torno a los límites entre el derecho al honor y el ejercicio del periodismo crítico.
Mientras el proceso continúa, Serrano dejó claro que no modificará su estrategia legal y que mantendrá las acciones emprendidas en ambas vías judiciales.
La controversia ocurre en un contexto donde crecen las exigencias para que los servidores públicos privilegien la transparencia y la rendición de cuentas frente a cuestionamientos públicos.
Por ahora, el legislador mantiene su curul y continuará enfrentando el litigio desde el Congreso, decisión que sigue alimentando el debate político y mediático.
