Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República aseguró que el exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ordenó desaparecer evidencias fundamentales relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La fiscal Ernestina Godoy Ramos sostuvo que la instrucción habría consistido en eliminar las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con la investigación, las cámaras registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, donde viajaban varios normalistas, fue interceptado por policías municipales y estatales.
Posteriormente, varios de los estudiantes desaparecieron, por lo que esas imágenes eran consideradas piezas clave para reconstruir los hechos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014.
Godoy Ramos afirmó que el ocultamiento del material videográfico no obedeció a fallas técnicas, sino que formó parte de una operación deliberada diseñada desde el más alto nivel del gobierno estatal.
La funcionaria explicó que las primeras versiones oficiales aseguraban que las grabaciones no existían por supuestos problemas técnicos; sin embargo, las investigaciones posteriores desmintieron esa versión.
Precisó que en enero de 2026 una persona colaboradora confirmó la existencia de los videos y declaró quién los retiró para entregarlos directamente al entonces gobernador.
Ese testimonio también reveló que el colaborador permaneció en silencio durante años debido a las amenazas recibidas, situación que fue incorporada a las investigaciones ministeriales.
La Fiscalía informó que, en mayo de este año, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al señalar que Aguirre Rivero ordenó eliminar cualquier evidencia relacionada con los hechos.
Según ese testimonio, la instrucción fue emitida durante una reunión con funcionarios de primer nivel del gobierno estatal para desaparecer pruebas vinculadas al Palacio de Justicia de Iguala.
La titular de la FGR afirmó que existen elementos suficientes para sostener que la orden fue girada directamente por el entonces mandatario con apoyo de altos servidores públicos.
Con esos datos de prueba, la Fiscalía obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre Rivero por los presuntos delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
