Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Estados Unidos sancionó a cuatro personas y once empresas por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste, mientras el Gobierno de Tamaulipas negó relaciones contractuales con los señalados durante la administración de Américo Villarreal Anaya.
La designación anunciada este 13 de octubre por el Departamento del Tesoro estadounidense abrió un nuevo frente de cuestionamientos sobre empresas constructoras y proveedoras vinculadas, según Washington, con operaciones del crimen organizado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) atribuyó a los sancionados presuntas actividades de financiamiento, apoyo material y operaciones comerciales en beneficio del Cártel del Noreste.
Entre los principales señalados figura el empresario Gamaliel Garza García, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con una red de constructoras, gaseras y negocios hípicos.
El comunicado también identifica a su hijo, Gamaliel Garza Elías, por su presunta participación en operaciones empresariales y entrega de recursos para financiar campañas políticas.
Sin embargo, el Gobierno de Tamaulipas respondió en un posicionamiento que ninguna de las cuatro personas ni las once compañías sancionadas ha contratado con la administración estatal vigente.
La postura oficial establece que, después de revisar los padrones de contratistas y proveedores, tampoco encontraron registros de esas personas o empresas durante el periodo gubernamental.
La administración precisó que la revisión comprende desde el primero de octubre de 2022, cuando Américo Villarreal Anaya asumió la gubernatura, hasta la fecha del pronunciamiento.
La respuesta estatal resulta relevante porque la OFAC sostiene que una de las constructoras señaladas obtuvo contratos públicos tanto del municipio de Nuevo Laredo como del Gobierno de Tamaulipas.
Se trata de Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), empresa que, según el Departamento del Tesoro, habría servido para canalizar recursos hacia campañas políticas.
Washington sostiene que mediante prácticas presuntamente corruptas la constructora consiguió adjudicaciones gubernamentales y posteriormente subcontrató obras con personas vinculadas al Cártel del Noreste.
No obstante, el comunicado estadounidense no establece en la información proporcionada qué contratos estatales específicos fueron otorgados ni las administraciones durante las cuales habrían ocurrido.
Esa diferencia constituye el punto central del deslinde tamaulipeco: el Gobierno estatal rechaza cualquier contratación durante el mandato actual, sin pronunciarse sobre gobiernos anteriores.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también ordenó impedir preventivamente nuevas inscripciones, adjudicaciones y contratos con los individuos y empresas incluidos en las designaciones.
La instrucción alcanza a todas las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal, además de sociedades donde tengan participación las personas físicas y morales señaladas.
El Gobierno de Tamaulipas aseguró que sus procedimientos de contratación pública se desarrollan conforme a la legislación vigente y que los registros correspondientes pueden consultarse públicamente.
Asimismo, ofreció proporcionar información a las autoridades federales mexicanas y reconoció la coordinación de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera con Estados Unidos.
Las acusaciones estadounidenses, sin embargo, abarcan una estructura empresarial que presuntamente combinaba contratos de construcción, suministro de materiales, distribución de combustibles y actividades hípicas.
De acuerdo con la OFAC, CEGESA operaba junto con Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), empresa creada para suministrar materiales destinados a obras de construcción.
La agencia sostiene que ambas compañías integraban un esquema comercial donde una ejecutaba o subcontrataba proyectos, mientras la otra proporcionaba los insumos necesarios.
Para principios de 2026, según Washington, CEGESA y COPASA figuraban entre las pocas constructoras autorizadas por el Cártel del Noreste para desarrollar obras en Nuevo Laredo.
La dependencia estadounidense también señaló al Club La Molienda, un hipódromo con restaurante y bar situado en las afueras de Nuevo Laredo, como fuente de ingresos criminales.
Según la investigación, ese establecimiento genera recursos mediante cuotas cobradas a propietarios de caballos que participan en carreras y a espectadores que acuden al recinto.
La OFAC atribuye el control histórico del lugar a Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, aunque sostiene que otros integrantes del grupo administran sus operaciones.
El informe describe una relación prolongada entre organizaciones criminales y carreras de caballos cuarto de milla utilizadas presuntamente para introducir recursos ilícitos en actividades comerciales.
Como antecedente, menciona operaciones atribuidas a Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales entre 2008 y 2012, relacionadas con compra, venta y entrenamiento de ejemplares.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, empresas fantasma y prestanombres vinculados con Los Zetas gastaron 16 millones de dólares en operaciones hípicas estadounidenses.
Esas actividades habrían permitido lavar más de 22 millones de dólares, mediante negocios desarrollados en Nuevo México, Oklahoma, California y Texas, sostiene el Departamento del Tesoro.
En junio de 2012, las autoridades estadounidenses aseguraron 455 caballos en instalaciones de Oklahoma y otros centros vinculados con aquella investigación de lavado de dinero.
Garza García también fue relacionado con San Dibanh, una cuadra de caballos cuarto de milla ubicada en Anáhuac, Nuevo León, que participa en competencias nacionales.
Entre las empresas sancionadas aparecen Construaceros del Fuerte e Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, ambas vinculadas con actividades de construcción, según la identificación estadounidense.
También figuran Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable y Propane Trading Group, dedicadas a negocios relacionados con combustibles y distribución de gas.
La relación incluye Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, compañía relacionada con transporte de combustibles, además de otras sociedades señaladas en la red empresarial.
En otro apartado, la OFAC identifica a Pablo César Guajardo Álvarez, alias Takia, como presunto responsable de las operaciones del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo.
La agencia lo señala como antiguo jefe de sicarios y lo vincula con tráfico de armas para la organización, además de antecedentes de detención durante 2020.
Guajardo fue detenido por su presunta relación con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro servidores públicos ocurrido el 4 de enero de 2017.
Posteriormente quedó en libertad, aunque el documento estadounidense sostiene que actualmente desempeña funciones de dirección territorial dentro de la organización criminal en Nuevo Laredo.
La investigación también comprende a Tamex Leasing y Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como despachador relacionado con movimientos de transporte donde fueron encontrados narcóticos.
Según la OFAC, desde un patio de camiones de Tamex en Nuevo Laredo salieron al menos dos cargamentos de cocaína destinados a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses aseguran que los embarques contenían 52 kilogramos de droga ocultos en compartimientos acondicionados dentro de los tambores de freno de remolques.
Inzunza Partida habría participado en la gestión de salida de las unidades posteriormente aseguradas, según los señalamientos difundidos por el Departamento del Tesoro estadounidense.
Las sanciones contemplan el bloqueo de propiedades e intereses económicos de los designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense o en posesión de personas estadounidenses.
También abarcan entidades controladas directa o indirectamente en 50 por ciento o más, individual o conjuntamente, por los sujetos sancionados, conforme a las disposiciones estadounidenses.
Frente a estas acusaciones, la administración de Villarreal Anaya insistió en que ningún señalado aparece como proveedor o contratista del Gobierno estatal durante su gestión.
El Ejecutivo tamaulipeco también anunció medidas preventivas para impedir futuras relaciones comerciales con los designados y evitar su incorporación a los padrones oficiales.
La controversia coloca bajo escrutinio los antecedentes de contratación pública mencionados por Washington, particularmente porque la acusación estadounidense no precisa periodos gubernamentales específicos.
El deslinde de Tamaulipas se limita expresamente a la administración iniciada en octubre de 2022, mientras las designaciones estadounidenses comprenden señalamientos empresariales y criminales más amplios.
Por ahora, las sanciones de la OFAC constituyen medidas administrativas estadounidenses sustentadas en señalamientos oficiales, no una sentencia penal contra todas las personas mencionadas.
El Gobierno estatal reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la colaboración institucional, al tiempo que aseguró mantener disponibles sus registros de contratación pública.
La confrontación de ambas posturas deja un asunto por esclarecer: cuándo y mediante cuáles procedimientos se habrían otorgado los contratos gubernamentales mencionados por Estados Unidos.
