Seúl.- Miles de manifestantes que representaban a los trabajadores organizados marcharon el sábado en la capital de Corea del Sur para denunciar los intentos del gobierno de obligar a miles de camioneros en huelga a regresar al trabajo después de que se retiraron en una disputa por el precio del flete.
No hubo informes inmediatos de heridos o enfrentamientos importantes por las protestas cerca de la Asamblea Nacional en Seúl. Los manifestantes, en su mayoría miembros de la Confederación Coreana de Sindicatos, acusaron al gobierno conservador del presidente Yoon Suk Yeol de opresión laboral y de ignorar lo que describieron como las duras condiciones de trabajo y las dificultades financieras de los camioneros, que empeoraron aún más por el aumento de los costos del combustible.
El gobierno emitió el martes una orden para que unos 2.500 conductores de camiones de cemento regresen al trabajo, diciendo que su huelga está sacudiendo la economía nacional. No quedó claro de inmediato cuántos camioneros regresaron a sus trabajos luego de la orden, ya que su sindicato prometió continuar la huelga.
Miles de miembros del sindicato Cargo Truckers Solidarity han estado en huelga desde la semana pasada, pidiendo al gobierno que haga permanente un sistema de tarifas mínimas de flete que expirará a fines de 2022.
Si bien las tarifas mínimas se aplican actualmente a los contenedores y el cemento, los huelguistas también piden que los beneficios se amplíen a otras cargas. Eso incluiría petroleros y quimiqueros, transportadores de acero y automóviles y camiones de entrega de paquetes bajo el acuerdo más amplio.
El tráfico de contenedores en los puertos se recuperó al 81% de los niveles normales a partir del sábado por la mañana después de caer a alrededor del 20% a principios de esta semana, según el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte. Dijo que más de 5.000 camioneros estaban participando activamente en la huelga del sábado.
La orden del martes marcó la primera vez que un gobierno de Corea del Sur ejerció sus controvertidos poderes bajo una ley revisada en 2004 para obligar a los camioneros a regresar a sus trabajos.
El incumplimiento sin una “razón justificable” se castiga con hasta tres años de cárcel o una multa máxima de 30 millones de won (22 400 dólares). Los críticos dicen que la ley infringe los derechos constitucionales porque no define claramente lo que califica como condiciones aceptables para una huelga.
Las autoridades dicen que primero emitieron la «orden de inicio de trabajo» a los camioneros de cemento porque la industria de la construcción fue la más afectada por los retrasos en los envíos. Dicen que están considerando expandir la orden a los conductores que transportan combustible como un segundo paso, citando preocupaciones sobre una posible escasez en las estaciones de servicio.
Hasta ahora, el impacto de la huelga se ha limitado principalmente a las industrias nacionales y no ha habido informes inmediatos de interrupciones importantes en las industrias de exportación, como la de los semiconductores.
El gobierno de Yoon ofreció extender temporalmente las tarifas mínimas de flete por otros tres años, pero se opuso a la demanda de ampliar el alcance de dichos pagos.
Los camioneros dicen que el sistema de tarifas mínimas es crucial para sus finanzas y seguridad personal, diciendo que sin él se ven obligados a aumentar sus entregas y conducir peligrosamente para llegar a fin de mes.
