San Luis Potosí.- La explotación laboral de 38 personas jornaleras indígenas en el municipio de Villa de Arista en 2020, y donde aparecieron niñas, niños y adolescentes, debe ser investigada por la Fiscalía General del Estado y entregar una compensación “justa” por el daño provocado a los trabajadores, ordenó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Exige a la STPS Federal y Estatal así como a la Fiscalía y al Ayuntamiento de Villa de Arista compensar el agravio de 38 personas jornaleras agrícolas indígenas.
En la recomendación 209/2022, la CNDH logró acreditar que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) federal como en el Estado a cargo de Néstor Eduardo Garza Álvarez, el Alcalde de Villa de Arista Bernabé Mares Briones, omitieron “considerar la situación de vulnerabilidad de las víctimas: jornaleras agrícolas migrantes, indígenas, niñas, niños y adolescentes, quienes laboraban bajo condiciones indignas y fueron albergadas sin las condiciones mínimas de seguridad e higiene”.
Se destaca que las autoridades violaron los derechos humanos al trabajo en condiciones de dignidad, en el contexto del trabajo agrícola, así como a la procuración de justicia y al interés superior de la niñez.
El pasado 30 de septiembre del 2020, las personas agraviados solicitaron la intervención de la CNDH porque en su mayoría los indígenas Nahuas, originarias de los estados de Hidalgo y Veracruz, que se encontraban en un albergue, quienes laboraron desde mediados de julio de 2020 en el centro de trabajo con un sueldo determinado, a un plazo de 90 días. Sin embargo, no se cumplió lo convenido, pues solo les dieron, en algunos casos, préstamos que les descontaron de su salario.
Se reveló que trabajaban más de 12 horas al día con una sola comida y en el albergue donde pernoctaban no contaban con las condiciones mínimas de seguridad e higiene, además de haberles retenido sus identificaciones oficiales.
Dentro del documento oficial de la CNDH, se menciona que las autoridades involucradas, obviaron la participación de las empresas en el respeto a sus derechos humanos y su responsabilidad, particularmente en la violación al derecho humano al trabajo en condiciones de dignidad, advirtiendo diversas omisiones en su protección.
“Ante tales agravios, esta Comisión Nacional solicitó a las STPS, STPS del estado de San Luis Potosí, Fiscalía General de Justicia del Estado y Presidencia Municipal de Villa de Arista que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, corroboren la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y procedan a la inmediata reparación integral del daño que se les causó a las víctimas, la cual deberá incluir una compensación justa, en términos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí”.
Exigen además que los funcionarios toma cursos en materia de derechos humanos relacionado con el derecho al trabajo para las personas jornaleras agrícolas, sobre el trabajo infantil y sus peores formas.
A la STPS, se recomendó iniciar los procedimientos administrativos respectivos, en el ámbito de sus atribuciones de inspección, respecto de la empresa y centro de trabajo en los que se aborden las inconsistencias detectadas en la presente Recomendación y, en su caso, se proceda a las sanciones correspondientes.
En el caso de la STPS de San Luis Potosí, se solicita emitir una circular dirigida al personal responsable de la atención de las personas jornaleras agrícolas, así como de los albergues públicos destinados a su alojamiento, la cual deberá contener las medidas pertinentes de prevención y supervisión.
A la Fiscalía General de Justicia del Estado se solicitó instruir a quien corresponda para que el área competente realice una revisión de las constancias que integran la Carpeta de Investigación. En Octubre de la 2020, la FGE “logró determinar que 90 días atrás habían sido enganchados por una persona, para efecto de prometerles trabajo en un rancho para la pisca de tomate y bueno desafortunadamente no se les había pagado”, resaltó en ese entonces el Fiscal de Derechos Humanos, Pablo Alvarado.
Mientras que a la Presidencia Municipal de Villa de Arista, se le exigió que recondicione los albergues que forman parte de su patrimonio y que están destinados a brindar servicios a las y los trabajadores jornaleros agrícolas.
Se solicita que en los convenios que se celebren en lo subsecuente, respecto del uso de los albergues para las y los jornaleros agrícolas, se dispongan cláusulas en las que se garantice la prestación de servicios de calidad, condiciones de infraestructura y seguridad adecuadas.
