Hay una bandera que el gobernador Ricardo Gallardo alza todos los días: La legalidad.
Palabras más, palabras menos, pero Gallardo ha dicho que no se va repetir la historia del pasado o la herencia maldita que dejaron los gobiernos del PRI y del PAN.
Si en este camino, se combate la corrupción, pues mucha más fortaleza va tener el gobierno de Gallardo. Dio una señal con los casos de Jaime Pineda, Mónica Rangel (quien regresó cajas con más de 50 mdp del erario público, según se dijo).
Los potosinos con seguridad van a estar a favor de que mantenga ese combate a la corrupción y que además, los Ayuntamientos, cumplan en todos los aspectos con la legalidad.
Hoy, en un nuevo año de gobierno, es tiempo de que Gallardo salga y emplace a todos los Presidentes Municipales y Alcaldesas para hacer lo mismo.
Combate a la corrupción y tener legalidad en todas las acciones que hagan sus Ayuntamientos.
De entrada y con la fuerza de seguridad que ha demostrado el Poder Ejecutivo, es tiempo de que los Presidentes Municipales y Alcaldesas no solo informen, también denuncien ante el Fiscal o el mismo gobernador, si están teniendo presiones por parte de la delincuencia organizada.
El trabajo de contención que hace la Secretaría de Seguridad Pública y las fuerzas federales en San Luis Potosí, deben ir acompañadas con las denuncias de los ayuntamientos.
En ninguno de los 58 municipios se debe permitir que la delincuencia entre a las nóminas y se encargue de las Direcciones de alcoholes o mucho menos que maneje las Obras Públicas o las Policías Municipales.
Los alcaldes que se encuentren en ese escenario, lo deben denunciar al gobernador y el mismo mandatario debe hacer un llamado enérgico para que lo hagan, de lo contrario y de pasar, los alcaldes serán cómplices.
A cambio, los alcaldes deben de recibir todo el respaldo del Gobernador y sin duda que la fuerza pública debe estar reforzada en sus municipios, porque entonces habrá una lucha frontal.
Pero aunado a ello, deben darse actitudes como la de la Alcaldesa de Santa María del Río Yuridia Medina Flores, que denunció actos de presión y amenazas por negarle a un supuesto grupo de empresarios la construcción de gasolineras en el primer cuadro de la cabeza municipal.
Incluso la Alcaldesa dijo que el alcalde fallecido Emmanuel Govea también vivió esas amenazas y resistió a los embates de la IP.
El caso de Yuridia Medina Flores, debe ser una muestra para cerrarle el paso a los actos de ilegalidad que por años han hecho los empresarios que se consumen al Estado y por muchos de ellos, la gente decidió un cambio.
Solo es cosa de recordar lo que pasó en el sexenio de Juan Manuel Carrera (2015-2021); Fernando Toranzo Fernández (2009-2015); Marcelo de los Santos Fraga (2003-2009) Fernando Silva Nieto (1997-2003) por citar a los que saquearon al gobierno, tierras y muchas áreas de las Sierras entre otras cosas.
La historia no se puede repetir, hoy los Alcaldes deben de salir a denunciar las presiones de la IP y de la misma delincuencia, incluso en los primeros, hay más delincuencia por los actos que buscan hacer.
Pero deben anteponer el llamado al Poder Ejecutivo, cerrar las puertas a las presiones de los hombres del dinero que buscan más dinero y poder, a costa del pueblo.
