Ciudad de México. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó de forma unánime la demanda de 10 mil millones de dólares que el gobierno mexicano presentó contra ocho importantes fabricantes de armas de fuego, a los que acusó de contribuir a la violencia armada perpetrada por cárteles del narcotráfico.
La decisión, redactada por la jueza Elena Kagan, concluye que la demanda mexicana no plantea de manera plausible que las compañías hayan ayudado e instigado directamente la venta ilegal de armas a grupos criminales. El fallo se ampara en una legislación estadunidense que, en términos generales, protege a los fabricantes de responsabilidad cuando sus productos son utilizados en la comisión de delitos.
El caso, Smith & Wesson Brands, Inc. vs. Estados Unidos Mexicanos, fue presentado en 2021 y originalmente fue desechado por una corte de primera instancia. No obstante, un tribunal de apelaciones en Boston reactivó el litigio en 2024 bajo una excepción que permite avanzar demandas si se acusa a las empresas de violar la ley.
México argumentó que las prácticas comerciales negligentes de los fabricantes, como una distribución poco regulada y la promoción de armas de alto poder, han facilitado su tráfico hacia territorio mexicano, alimentando así la violencia y el sufrimiento en el país. Entre las compañías demandadas figuraban nombres destacados como Smith & Wesson.
En un fallo de 9-0, los jueces anularon la sentencia de un tribunal inferior que había permitido que prosiguiera la demanda contra el fabricante de armas de fuego Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms. El tribunal de primera instancia había considerado plausible el argumento de México de que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando a su Gobierno.
La demanda también acusaba a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses. Las empresas de armas dijeron que fabrican y venden productos legales.
México ha afirmado que la mayoría de sus homicidios se cometen con armas traficadas desde Estados Unidos y valoradas en más de 250 millones de dólares anuales.
Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó este jueves su enérgico desacuerdo con el dictamen de la Suprema Corte estadunidense, que otorgó inmunidad a los fabricantes de armas bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA).
La Corte Suprema argumentó que no se probó que las empresas «ayudaran y facilitaran» el tráfico ilícito de armas, revocando así la decisión previa de la Corte de Apelaciones que había admitido la demanda de México. El caso será devuelto a la Corte de Distrito para que los procedimientos continúen en consonancia con esta resolución.
La SRE afirmó en un comunicado que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el tráfico ilícito de armas. México ha presentado argumentos sólidos que evidencian el daño que estas empresas causan al país y seguirá luchando contra el tráfico de armas y la responsabilidad de quienes permiten que el flujo de armamento alimente la violencia y a los grupos delictivos que atentan contra la paz y la seguridad de las familias mexicanas.
Esta demanda fue interpuesta por México en agosto de 2021 ante un juez de distrito en Boston, Massachusetts. En enero de 2024, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito había determinado que México había alegado de manera suficiente que «los demandados ayudaron e instigaron el tráfico ilegal de sus armas hacia México».
La decisión de hoy de la Suprema Corte no afecta la segunda demanda presentada por México en Tucson, Arizona, en 2022, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue su curso y se encuentra en la etapa de producción de evidencia.
Para la SRE, ambas demandas han logrado visibilizar el grave impacto del tráfico de armas de fuego en México. El país ha logrado posicionar el tema no solo en la esfera bilateral, sino también multilateralmente, a través de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se espera la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
