Ciudad de México.– En un giro de fondo en la estrategia contra el crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para que el delito de extorsión se persiga de oficio y no dependa ya de la denuncia de la víctima. El Estado mexicano, dijo, asumirá el papel de víctima.
“La víctima no es solamente quien recibió la extorsión, sino el Estado mexicano se asume como víctima y atiende el delito”, afirmó durante la conferencia presidencial de este martes.
La propuesta presidencial plantea modificar el inciso a) fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, a fin de otorgar facultades al Congreso de la Unión para expedir una Ley General contra la Extorsión que aplique en todo el país.
La iniciativa se acompaña de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, activada desde el domingo 6 de julio, que incluye el número 089 como línea única de denuncia anónima y una reconfiguración operativa de las unidades antisecuestro, las cuales ahora también se enfocarán en perseguir la extorsión.
“Lo importante es que quien sufra una extorsión sepa que el Estado está ahí para protegerlo, que no está solo, y que hay instituciones listas para actuar”, dijo la presidenta.
De acuerdo con Sheinbaum, la persecución del delito aún depende del marco legal local, por lo que urge una ley general que unifique criterios en los 32 estados. La reforma se justifica, además, por las limitaciones actuales del sistema, donde miles de víctimas no denuncian por temor o desconfianza, y los agresores gozan de impunidad.
“Queremos quitarle el peso de la denuncia a la víctima. Que no tenga miedo. El Estado asumirá esa responsabilidad y actuará con firmeza”, sostuvo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la estrategia incluye cinco ejes de acción:
• 089 como número único de denuncia (extorsión telefónica o presencial).
• Cancelación inmediata de cuentas telefónicas vinculadas a llamadas de extorsión.
• Acompañamiento y apertura inmediata de carpetas de investigación en fiscalías estatales.
• Despliegue de células de inteligencia en las zonas donde se detecte la extorsión.
• Investigación a cargo de unidades antisecuestro, ahora transformadas en cuerpos binarios contra el secuestro y la extorsión.
El anuncio llega en un momento en que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más extendidos y temidos en el país, afectando a comerciantes, empresarios, transportistas, médicos, e incluso a familias de clase media. La cifra negra —casos no denunciados— supera el 90% en algunos estados.
La propuesta será turnada a la Cámara de Diputados esta misma semana. De aprobarse, obligaría a todas las entidades del país a reformar sus leyes locales para armonizarse con el nuevo modelo, en el que la extorsión será un delito de persecución obligatoria y el Estado ya no podrá alegar omisión.
