San Luis Potosí.– El repentino relevo en la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) generó molestia e inconformidad entre colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes acusan al gobierno estatal de romper la coordinación construida y dejar en ceros los avances logrados.
Acusan de retroceso y falta de consulta
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona designó a Israel Mendoza Espinoza como nuevo titular de la CEBP, en sustitución de Leobardo Aguilar Orihuela, quien ocupaba el cargo desde los primeros años de la actual administración. Hasta el momento, se desconoce si Aguilar continuará en alguna otra función dentro del gabinete.
El nombramiento fue realizado sin consulta a las familias ni a los colectivos, lo que generó un pronunciamiento inmediato por parte del colectivo ‘Voz y Dignidad por los Nuestros’, quienes acusan que la decisión fue impuesta, opaca y violatoria de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la cual garantiza la participación directa de las familias en los procesos de búsqueda.
“Esta decisión fue tomada sin avisar a quienes formamos parte del Sistema Estatal de Búsqueda. Pone en riesgo la continuidad de las acciones, la coordinación institucional y la confianza que nos ha costado años construir”, denunció el colectivo mediante un comunicado dirigido al gobernador.
Las familias exigieron una reunión urgente con el nuevo comisionado, explicaciones públicas sobre la destitución y garantías de que el trabajo técnico y operativo no se interrumpirá. También pidieron que futuros nombramientos se hagan con base en procesos abiertos, públicos y participativos, tal como lo exige el marco normativo federal.
El cambio en la CEBP ocurre a solo dos meses de que madres buscadoras irrumpieran en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, exigiendo justicia y mayor compromiso en la localización de sus seres queridos. En aquel episodio, las autoridades se comprometieron a reforzar protocolos y respaldar la creación de una Fiscalía especializada en desapariciones.
Colectivos advierten que este tipo de decisiones unilaterales debilitan la institucionalidad y abren la puerta a la revictimización. “No se puede hablar de voluntad política mientras se excluye a quienes han sostenido la búsqueda en la calle, en los cerros y en los campos”, concluyeron.
