SLP.- El Congreso del Estado aprobó reformar el Código Penal para que el delito de extorsión sea perseguido de oficio por el Ministerio Público.
Con esta medida, el Estado asumirá la investigación directa de los casos, sin depender de la denuncia o querella de la víctima.
El diputado Carlos Arreola Mallol, autor de la iniciativa, señaló que la extorsión ya está tipificada como delito, pero requería denuncia previa.
La reforma endurece la respuesta penal contra quienes intimidan, amenazan o presionan a otros con el fin de obtener un beneficio económico.
Las penas por extorsión serán de cuatro a diez años de prisión y multas que alcanzan hasta mil unidades de medida.
El cambio legal incorpora este delito al catálogo de aquellos que el Estado puede investigar de manera inmediata y obligatoria.
El dictamen advierte que la extorsión se ha convertido en un problema nacional que golpea a familias, empresas y al sistema financiero.
Según el documento, esta práctica criminal frena inversiones, genera desempleo y daña gravemente el desarrollo económico de las regiones del país.
El Congreso subrayó que el delito es ejecutado en su mayoría por grupos del crimen organizado, utilizando tecnologías y plataformas digitales.
Por ello, la persecución de oficio busca evitar la impunidad y garantizar una actuación rápida del Estado ante cualquier acto de extorsión.
