San Luis Potosí.- Mientras el país vivía horas de tensión tras el operativo federal que derivó en la muerte de “El Mencho”, legisladores del Partido Verde optaron por centrar los reflectores en el Ejecutivo estatal, presentándolo poco menos que como el artífice exclusivo de la estabilidad en San Luis Potosí.
Diputados federales y senadores verdes salieron en bloque a elogiar el “blindaje” implementado en los accesos carreteros, destacando el despliegue local como si la contención hubiera sido resultado aislado de decisiones estatales y no parte de una estrategia nacional encabezada por la Presidencia de la República.
En su narrativa, la actuación del gobierno potosino evitó cualquier efecto colateral derivado de la ofensiva federal. Sin embargo, omitieron reconocer que el operativo que detonó la reacción criminal fue coordinado desde el centro del país bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El discurso legislativo construyó una imagen de liderazgo local casi heroico, adjudicando la “paz” y la “estabilidad” a decisiones estatales, mientras el trabajo de inteligencia, planeación y ejecución federal quedó relegado a una mención marginal.
El operativo en Tapalpa, Jalisco, no fue un hecho menor ni aislado. Fue parte de una estrategia federal de combate frontal al crimen organizado que implicó coordinación entre fuerzas armadas, Guardia Nacional y autoridades de seguridad nacional.
Sin embargo, para los legisladores del Verde, el protagonismo debía concentrarse en casa. Hablaron de anticipación, de blindaje carretero y de reacción oportuna, pero evitaron reconocer que la contención en los estados es consecuencia directa de decisiones tomadas en el ámbito federal.
El diputado José Luis Fernández Martínez atribuyó la estabilidad a la “capacidad de reacción” estatal, sin matizar que los escenarios de riesgo nacional se generaron por una operación federal que buscaba desarticular estructuras criminales de alcance internacional.
Por su parte, la legisladora María Graciela Gaitán Díaz destacó la coordinación con instancias federales, aunque el énfasis de su mensaje volvió a colocar el foco en la administración local, reduciendo el papel de la Federación a un acompañamiento secundario.
El mismo tono siguió el diputado Juan Carlos Valladares, quien habló de evitar el llamado “efecto cucaracha”, como si el fenómeno de desplazamiento criminal fuera contenido únicamente por decisiones estatales y no por una estrategia integral de seguridad nacional.
El senador Gilberto Hernández Villafuerte cerró filas al afirmar que la entidad figura entre las más seguras gracias a la estrategia local, sin reconocer que el contexto actual responde a un giro nacional en la política de seguridad.
Resulta políticamente comprensible que el Partido Verde busque fortalecer la imagen de sus aliados estatales. Lo cuestionable es que para hacerlo opte por minimizar la conducción federal en uno de los momentos más delicados en materia de seguridad.
La presidenta Sheinbaum asumió el costo político y operativo de una ofensiva que rompió con la narrativa del pasado reciente. El despliegue nacional y la coordinación interestatal no fueron producto de improvisación local.
En tiempos donde la seguridad exige claridad y responsabilidad compartida, la tentación de convertir la estabilidad en propaganda partidista termina por distorsionar la dimensión real de los hechos.
Reconocer el trabajo estatal es válido. Ignorar deliberadamente el papel de la Federación en una operación de alto impacto nacional, no.
