Ciudad de México.– Más de 600 firmas ciudadanas encendieron presión sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abrir una audiencia pública antes de resolver sobre la prisión preventiva oficiosa.
La solicitud fue presentada por organizaciones civiles, colectivos y académicos, en un intento por obligar a los ministros a escuchar posturas antes de emitir un fallo clave.
El tema permanece pendiente en la agenda del máximo tribunal, derivado de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenaron al Estado mexicano por esta figura legal.
Los fallos internacionales en los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez obligan a revisar la aplicación de la prisión automática y el arraigo, considerados violatorios de derechos fundamentales.
Entre los promoventes destaca Daniel García Rodríguez, quien pasó más de 17 años en prisión sin sentencia bajo este esquema, convirtiéndose en uno de los rostros emblemáticos del reclamo.
Los firmantes calificaron la petición como urgente y necesaria, al advertir que México incurre en desacato internacional y mantiene prácticas que vulneran la presunción de inocencia.
Plantearon que la audiencia pública permitiría abrir el debate a víctimas, especialistas, universidades y litigantes, además de dar voz a más de 40 mil personas recluidas bajo esta medida.
Advirtieron que la prisión preventiva oficiosa ha derivado en abusos, al otorgar al Ministerio Público un poder discrecional que, en algunos casos, se ha convertido en herramienta de presión.
La exigencia suma respaldo de activistas, académicos, colectivos de familiares y organizaciones jurídicas que demandan al tribunal garantizar un proceso abierto antes de definir el futuro de esta figura.
